La Fiscalía rechaza la imputación de Belarra por los sobresueldos de Podemos

La Fiscalía Provincial de Madrid ha rechazado imputar a la ministra Ione Belarra por los sobresueldos de la gerente, Rocío Val, y del tesorero de Podemos, Daniel de Frutos. En un recurso presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, el Ministerio Fiscal asegura que “no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado” y que “lo mismo puede decirse en relación al reembolso de gastos respecto de los que no existía indicio alguno de su ilicitud”.

En concreto, impugna el recurso de reforma interpuesto por la ex senadora de Podemos Celia Cánovas Essard contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional en relación con la investigación de los sueldos de la gerente y el tesorero de la formación morada.

En su escrito, la Fiscalía añade que dado que la normativa del partido atribuye a la gerencia la gestión de recursos humanos y gestión patrimonial, “existen dudas razonables de la tesis de la ahora recurrente considerando además la intervención de la gerente en los órganos económicos del partido”. Además, reseña que “aun cuando la gerente se hubiera extralimitado de sus funciones, el delito de administración desleal exige un perjuicio que en este caso no se ha determinado dado que el partido no se considera como tal a lo que se une que consta certificado del partido aprobando los complementos según sus normas internas”.

Imputación de Belarra

Asimismo, subraya que la cuestión relativa a si es o no ético o si se incumplieron las normas internas “podrá ser discutido en otros foros pero desde luego no en el ámbito de una investigación judicial”. Por ello considera que la petición de extender la imputación a toda la ejecutiva de Podemos realizada por la ex senadora de Podemos evidencia que el interés de la recurrente “excede” del ámbito de esta investigación. “Y lo mismo puede decirse de la imputación de Ione Belarra firmante del certificado del partido en relación a la irregularidad de los complementos”.

La Fiscalía Provincial de Madrid también rechaza en otro escrito la pretensión de Vox de reabrir la causa de los sobresueldos, y en este caso apunta que “no deja de extrañar como hemos venido manifestando reiteradamente que sea la acusación popular la que ve indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, el propio partido político, no se considera como tal. Y lo hace sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna, solicitando incluso en el escrito de reforma, se considere a Ione Belarra (quien certifica la regularidad de los complementos) como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal”.

Finalmente, el ministerio público también impugna la solicitud de Vox de que practiquen algunas diligencias al considerarlas “claramente innecesarias”. Entre ellas las de requerir los libros contables de 2017 a 2020 del que fuera administrador de Neurona, investigar sus cuentas corrientes y otras relacionadas con los ingresos de Juan Carlos Monedero “que no son objeto de este procedimiento”.

Investigación de la UDEF

Esta decisión de la Fiscalía se conoce mientras agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía investigan si es veraz o no la documentación aportada al juez del «caso Neurona» por Podemos sobre la presencia en España de trabajadores de la consultora mexicana durante la campaña electoral a las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Desde el Juzgado que dirige Juan José Escalonilla se ordenó a la Policía Judicial, en un oficio de 2 de marzo, que comprobaran “la veracidad de los billetes de avión y de los justificantes de hospedajes” aportados por el partido de Pablo Iglesias para intentar acreditar que en su campaña del 28-A participaron trabajadores de Neurona. También ha citado a declarar como testigos el 26 de abril a doce integrantes del equipo que realizó esa campaña electoral para Podemos.

Por su parte Dina Bousselham, la ex asesora de Pablo Iglesias, ha intentado reactivar el denominado “caso Dina” para impulsar la lucha contra lo que la formación morada denomina “cloacas del Estado”. En un escrito, la abogada Marta Flor Núñez reclamaba al juez de la Audiencia NacionalManuel García Castellón que citara a declarar como testigos al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino; al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; al agente José Ángel Fuentes Gago; al detective privado Julián Peribáñez, así como a tres periodistas.