El ‘chivatazo’ de Villarejo en el caso del CNI: “Aviso de que iban a por él”

El 27 de julio de 2016 el comisario José Manuel Villarejo permanecía imputado por la grabación de una reunión entre agentes de la Policía y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que después fue difundida por la prensa. Y ese día el presunto cabecilla de lo que Anticorrupción califica como “clan policial mafioso” apuntó en su agenda que había alertado a un inspector de Policía, sospechoso de haber filtrado el audio, de que el juez y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía le seguían los pasos.

“Aviso de que iban a por él”, escribió Villarejo, en referencia al inspector José Ángel Fuentes Gago, a quien según el escrito le ‘chivó’ que era uno de los sospechosos de haber filtrado el audio del encuentro con el CNI.

Se trataba de la grabación de una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y unos agentes del CNI a los que iba a informar sobre la investigación en curso sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘el Pequeño Nicolás’.

Arturo Zamarriego

La Policía sospechaba que el inspector Fuentes Gago podía haber participado en la difusión de la grabación, por lo que reclamó al magistrado Arturo Zamarriego que pidiera a la Dirección General de la Policía que le facilitara el contenido de los correos oficiales de este agente.

La anotación muestra, además, que el comisario jubilado había tenido acceso a una diligencia “secreta”, que el Juzgado había notificado el mismo 27 de julio al jefe del Área de Informática de la Policía, especifica una cédula de citación judicial.

En el cuaderno manuscrito, que fue requisado por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos que realizaron el registro de las viviendas de Villarejo tras ser arrestado en noviembre de 2017, el comisario también escribió que había “avisado” al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, imputado en el “caso Kitchen”, de que “estaban pidiendo correos oficiales” vinculados con los hechos.

Centro de Datos de El Escorial

También le comunicó, indica la agenda de José Manuel Villarejo, que los agentes encargados de las pesquisas habían acudido al Centro de Protección de Datos de la Dirección General de la Policía que se encuentra en “El Escorial” (Madrid) para reclamar sus correos electrónicos.

En la misma hoja en la que Villarejo alude a su chivatazo, el comisario asegura que “Chisco”, en referencia al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también investigado, está “muy preocupado con la situación”. En otra anotación el comisario escribe que Martínez está “muy afectado” por el tema, al mismo tiempo que “reprocha a Pino” que presentara a Martín-Blas como un “hombre de absoluta confianza”. El director adjunto operativo, según las anotaciones, se mostró ante Villarejo “preocupado por el contenido del sumario del Juzgado número 2” de Arturo Zamarriego.

En la misma hoja anterior el comisario incluye una anotación que demuestra que Villarejo disponía de información de carácter confidencial sobre la investigación “secreta” de la grabación al CNI. El comisario jubilado apunta que el juez Zamarriego “pedirá mi detención y de Gemma [Alcalá, su mujer]. Así como imputar a Eugenio Pino, Enrique García Castaño, José Ángel Fuentes Gago y siete periodistas”. Y esa era precisamente la intención de los investigadores, apuntan las fuentes consultadas, que no fueron capaces de convencer al magistrado del “caso del Pequeño Nicolás” de que arrestara a Villarejo.

Cuatro años de cárcel

Sin embargo, las pesquisas han seguido su curso hasta que la magistrada que relevó a Zamarriego al frente del Juzgado en el que se investigaron los hechos, Pilar Martínez Gamo, acordó la apertura de juicio oral contra Villarejo, su mujer, Gemma Alcalá; y un periodista de la web desaparecida “Información Sensible”, que se sentarán en el banquillo por la grabación y difusión de una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el CNI relativa a la causa del ‘Pequeño Nicolás’.

La Fiscalía Provincial de Madrid acusa a los tres de un delito de revelación de secretos y pide cuatro años de cárcel para Villarejo por planificar la grabación al tener conocimiento de que se iba a celebrar el encuentro por su condición de comisario en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, y tres años para Alcalá y para el informador.