La Fiscalía traslada una denuncia sobre la estancia “ilegal” de los benedictinos en el Valle de los Caídos

La Fiscalía General del Estado ha trasladado al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional -competencia de Carmen Calvo- un escrito en el que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunciaba que los monjes benedictinos del Valle de los Caídos residen allí desde octubre “de forma ilegal”.

La ARMH alertaba el pasado 4 de febrero a la Fiscalía sobre “el fin de la vigencia del convenio” que determina la estancia de los religiosos en Cuelgamuros.

Según esta asociación memorialista, en octubre de 2015 se aprobó una nueva Ley de Régimen Jurídico del Estado, que entró en vigor un año después y que “señalaba la fecha del 2 de octubre de 2020 como límite para que se extinguieran de forma automática todos aquellos convenios que no hubieran sido renovados por el Estado desde su entrada en vigor”.

Al no haberse creado ningún otro convenio, desde la ARMH consideran que los monjes “llevan residiendo en el Valle de manera ilegal desde hace casi cinco meses”.

Sin embargo, el futuro de la comunidad religiosa está ya fijado por el Gobierno en la Ley de Memoria Democrática, pendiente de volver al Consejo de Ministros para después enviarla al Congreso. El anteproyecto prevé que el complejo, donde descansan 30.000 víctimas de la Guerra Civil de los dos bandos, se convierta en un cementerio civil. Llegado ese momento, los benedictinos se repartirían por conventos de la orden.

Una vez eliminada la fundación que gestiona el Valle, propiedad del Estado, la vicepresidenta primera Carmen Calvo ha asegurado que la orden religiosa «se extinguirá automáticamente» porque, según sus palabras, «ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de Memoria Democrática».

Hasta que se produce la extinción, habrá un régimen transitorio que se regulará “mediante decreto y llevaremos al paraguas de protección y decisión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, el responsable del Valle de los Caídos”, según Calvo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha comunicado a la ARMH que ha recibido su escrito, le agradece la información remitida e indica que “se da traslado al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, al considerar que este organismo tiene las competencias para ejercer, en su caso, las acciones legales y administrativas que se entiendan procedentes conforme a Derecho”.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, ha lamentado que “la Fiscalía no ha querido ejercer un proceso pese a la ilegalidad manifiesta y la obligación que tiene de velar por la legalidad” que, a su juicio, “está siendo clara y notoriamente vulnerada por los monjes y por el Gobierno que no los expulsa del Valle”.

“Nosotros ya remitimos a la vicepresidenta Carmen Calvo la documentación por registro oficial y no fuimos a la Fiscalía para que actúe como un servicio de mensajería, sino para que persiga el incumplimiento de la ley”, ha criticado Silva en declaraciones a Efe.

Este nuevo movimiento en busca de una reubicación de los religiosos de Cuelgamuros ha motivado una recogida de firmas para evitar su expulsión, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.