Las obras de reforma de la sede del PP en la madrileña calle Génova han estado bajo el punto de mira de Anticorrupción durante los últimos siete años, lo que se ha prolongado la investigación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad paralela del extesorero que apunta a supuestos pagos en negro por esos trabajos de rehabilitación que se llevaron a cabo entre 2005 y 2010. Esos presuntos pagos en dinero opaco son, precisamente, el objeto nuclear del juicio de la “caja B” del PP que se celebra en la Audiencia Nacional, ahora suspendido por estar enfermo de Covid uno de los acusados, el exgerente popular Cristóbal Páez.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que en 2006 el PP destinó 664.000 euros de esos fondos opacos “al pago de remodelación” de su sede central en la capital de España, y que dos años después pagó otros 888.000 euros a la ejecución de las obras contratadas con la empresa Unifica, a cuyos dos socios también acusa Anticorrupción.

Según el fiscal Antonio Romeral, fueron Luis Bárcenas -para quien pide una condena de cinco años de cárcel por apropiación indebida, delito fiscal y falsedad documental- y su antecesor Álvaro Lapuerta, ya fallecido, quienes propusieron a uno de los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo, “realizar parte del pago con el dinero existente en la caja B, lo que así se hizo” con el conocimiento, dice, de Páez. El objetivo era “dar salida a dichos fondos y obtener, además, un descuento del 8 al 10% en la parte de obra” abonada con ese dinero negro, “como reparto del ahorro fiscal que ambas partes obtenían al ocultarlos a la Hacienda Pública”.

Pero según Anticorrupción, para “simular el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales” por parte del PP y de Unifica -que se sientan igualmente en el banquillo como responsables civiles subsidiarios- “se procedió a elaborar diversos documentos -certificaciones de obra, facturas y proyectos” en los que se habrían hecho constar “datos que no se correspondían con la realidad de los hechos”. Esos pagos, recalca, no se declararon a Hacienda ni por el PP ni por Unifica.

La Fiscalía expone que en 2006 se firmó el contrato con Unifica para la reforma de la planta baja de la sede de Génova por 586.709 euros. Aunque el certificado final de obra (que partía de un presupuesto de 1.091.644 euros) ascendió a 1.336.804 euros, se confeccionó paralelamente otra certificación final de obra con la misma fecha, 31 de octubre de 2006- por 586.709 euros, consignando como importe prespuestado 584.975 euros. La diferencia entre una y otra certificación, mantiene Anticorrupción, “se abonó por el Partido Popular mediante la entrega de dos pagos sin facturar y en efectivo”, uno de 480.000 euros yk otro de 184.000 realizado el 23 de noviembre de ese mismo año y registrado, a diferencia del primero, en los papeles de Bárcenas.

Ya en 2007, se presupuestaron en principio 790.912 euros para la reforma de la segunda planta de la sede del PP, aunque consta otro presupuesto de 420.578 euros visado por el Colegio de Arquitectos en septiembre de ese año. La certificación final de la obra ascendió a 851.893 euros. Pero, además, se realizaron otros trabajos de rehabilitación en la entreplanta y en un despacho de la cuarta planta, se instalaron góndolas en la cubierta y se reformó la escalera principal el edificio. En total, otros 211.160 euros por los que, dice el fiscal, “no consta la emisión de factura alguna” por parte de Unifica.

Según Anticorrupción, esos trabajos los abonó el PP “con el dinero procedente de la caja B, cuya cuantía se corresponde con la anotación de los papeles de Bárcenas del pago de 195.000 euros el 27 de enero de 2008 a Unifica”. Posteriormente, en el registro de la sede de Unifica se halló una factura de 195.000 euros “para en su caso justificar el pago de las anteriores obra”, pues fue “confeccionada realmente el 25 de julio de 2013”.

En cuanto a las reformas en la quinta planta, el fiscal sostiene que la suma de las certificaciones de obra, 685.787 euros, se corresponde con los trabajos realmente ejecutados, aunque únicamente se habrían facturado 410.906 euros (el 60% del total), pagándose la diferencia (258.000 euros) con dinero de la “caja B” el 13 de marzo de 2008.

Una práctica que se repitió también, según Anticorrupción, en las obras en las plantas tercera (por la que en julio de 2008 se habrían abonado 235.000 de los 665.752 euros de coste real con dinero de esa contabilidad paralela) y cuarta (que habrían supuesto otro desembolso de 200.000 euros procedentes de esa “caja B”).

En su escrito de defensa, el abogado del PP sostiene que “el supuesto flujo de dinero en B, tanto de entradas como de salidas, que el Sr. Bárcenas pretendía probar a través de sus “papeles” ha quedado claramente desacreditado y, en consecuencia, no puede servir de base para tratar de acreditar un presunto delito contra la Hacienda Pública. Ello porque la propia Intervención General de la Administración del Estado ha negado la existencia de dicha contabilidad B”. “En el presente caso no se puede hablar de conductas de defraudación sino, como máximo, de mero impago de deudas tributarias”, mantiene el letrado, que niega que se pueda considerar al PP responsable civil subsidiario por el supuesto fraude en el Impuesto de Sociedades de 2007 que imputa a Bárcenas, Páez y a los responsables de Unifica.

La empresa que reformó la sede lo niega

Por su parte, Unifica asegura en su escrito de defensa que “ni ninguno de sus administradores, directivos, empleados o dependientes ha cobrado cantidad alguna del Partido Popular por las obras de reforma de su sede nacional, ni por ningún otro concepto, que no sea mediante cheque o transferencia bancaria y que no se encuentre debidamente contabilizado en sus libros”.

Solo reconoce una diferencia de 10.030 euros entre la cantidad facturada el montante abonado por el PP, que atribuye a “la duplicación de algunos cobros por error”. La empresa, dice, había presupuestado para los trabajos una cantidad de 4.716.095,47 euros, “por lo que la desviación final entre lo presupuestado y lo facturado según presupuesto ascendió a menos de un 4%, cifra que entra en los parámetros habituales del sector”.

Según la defensa de la empresa que ejecutó los trabajos, el PP pagó en total “mediante cheques o transferencias bancarias” a cuentas corrientes de Unifica 5.695.768,46 euros. Y los desglosa de la siguiente manera: 5.386.800,36 euros por facturas emitidas por los trabajos de reforma realizados en los sótanos, garajes, planta baja, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima; 260.188,03 euros por obras menores; 26.937,52 euros por trabajos de consultoría; 10.569,45 euros correspondientes al pago de tasas administrativas o de los visados de los colegios profesionales, “cuyos pagos fueron adelantados por Unifica” y, finalmente, 1.242,13 euros para abonar un “pequeño trabajo de reparación de carácter de urgente” por el que el PP no requirió presupuesto previo.