Rebajar los últimos roces y desviar del foco mediático las divergencias aireadas entre ministros socialistas y morados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, limaron ayer las últimas asperezas entre los partidos que conforman el Gobierno de coalición a causa de la moratoria de desahucios que exigen Unidas Podemos y la política migratoria.

En la habitual reunión semanal de «maitines» en Moncloa, ambos, con los colaboradores más cercanos, se comprometieron a estudiar en el seno del Gobierno una ampliación de la prohibición de los desahucios más allá del 31 de enero, aunque todavía no han desvelado la forma jurídica que emplearan. La propuesta es que los desahucios se paralicen hasta la finalización del estado de alarma, el 9 de mayo de 2021, aún así, queda lejos de las aspiraciones de Unidas Podemos que en su enmienda registrada se marcaban la fecha del año 2022.

La reunión se produce tras una semana de presión por parte de la cuota morada al Gobierno– al publicar una enmienda con ERC y Bildu sin el aval socialista para prohibir los desahucios hasta 2022– y el consiguiente malestar público de los ministros socialistas que acusaron a los morados de «deslealtad» con el presidente del Gobierno, debido también a la petición de un referéndum en el Sáhara Occidental. Unas declaraciones de la ministra de Defensa, que tuvieron su contestación en la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, que vinculó a Margarita Robles con el PP y Vox y que fueron secundadas por dirigentes morados. De esta manera, Sánchez cede ante la presión de Iglesias con el fin de alejar la foto pública de la desunión en un asunto que Moncloa sigue con especial preocupación. Desde el sector socialista nunca se había negado no tratar de dar una solución a la dramática situación que se vive en España con los desahucios, sino que habían censurado las formas de los morados de reclamarlo, a través de una enmienda junto a ERC y EH Bildu.

El acercamiento en materia de desahucios -y sobre todo de ampliar los desahucios no solo a afectados por la Covid- fue, además, una posibilidad que planteó ayer el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSOE, pero que, remarcó, sería una negociación a nivel de Gobierno y que la llevaría a cabo los grupos negociadores en los ministerios afectados. De hecho, anunció que esta misma semana se reunirían los equipos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Eso sí, los morados no han decidido retirar la enmienda presentada con Bildu y ERC, con el fin de salvaguardar hasta el final la medida. De hecho, no es una decisión solo de los morados, sino que debe pactarse con los independentistas, que a día de hoy muestran su escepticismo con el Gobierno. Sin embargo, la enmienda de los fue ayer rechazada de plano por los letrados de la Cámara Baja, quienes consideraron o que la citada enmienda «no regula una materia puramente presupuestaria». «Pretenden regular materia que con arreglo a la jurisprudencia constitucional podrían no ser materia presupuestaria», aseguraron.