La Justicia da cinco días a Podemos para presentar la liquidación de su sede

El juez que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos ha dado cinco días de plazo al partido de Pablo Iglesias para que aporte al juzgado «la liquidación de la licencia de obra presentada ante el Ayuntamiento de Madrid» en relación a la reforma de su sede de la calle Francisco Villaespesa de la capital.

El ex abogado del partido José Manuel Calvente aseguró en su declaración judicial al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que en junio de 2019 advirtió al partido de que la licitación de la obra fue una «tapadera» para camuflar una adjudicación supuestamente decidida de antemano.

El magistrado ya apremió a la formación morada en un auto del pasado 26 de octubre a remitirle la documentación que había solicitado en julio sin éxito. Entre esos papeles que quiere revisar el juez figuraban los contratos de ejecución de obra suscritos con el arquitecto Manuel Campos García para la redacción del proyecto de rehabilitación, los contratos de ejecución de obra suscritos «con las seis entidades mercantiles que ejecutaron las obras de reforma y acondicionamiento de dicho edificio» y el expediente de licitación de la ejecución de esos trabajos.

Ahora, la petición de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ahonda en la determinación del instructor en esclarecer la «desviación» entre el precio de licitación y el de adjudicación, que según él mismo constató en esa resolución «sorprendentemente excede en más del doble del precio de licitación».

Y es que la reforma se licitó por 649.000 euros y se acabó adjudicando por casi 1,3 millones, un «baile de cifras» que, según aseguró al juez la ex abogada de Podemos Mónica Carmona, a ella y a Calvente (ambos despedidos en diciembre del año pasado cuando investigaban presuntas irregularidades financieras en el seno del partido) no les cuadraba.

La ex responsable del área de Cumplimiento Normativo señaló al juez que fijar un precio de licitación inferior al de mercado es «un indicador de fraude» porque –explicó en su declaración judicial– «de esta manera hay empresas que no van a competir porque ven que el margen de beneficio prácticamente es nulo», por lo que únicamente compite una empresa. «¿Y al final qué se hace? –se preguntó de forma retórica–. Yo te lo adjudico y después ya te pagamos lo que sea».

Al fijarse el montante de la liquidación definitiva de la licencia de obra sobre el precio real y efectivo de la obra (dado que en un primer momento se abona teniendo en cuenta el presupuesto de ejecución), la cantidad pagada por este concepto al Ayuntamiento permitirá al instructor determinar el verdadero coste de la polémica reforma.

Por otro lado, en ese mismo auto Escalonilla da también un plazo de cinco días al arquitecto que realizó los trabajos para que le entregue el acta de recepción de la obra, el certificado final de la misma y los emitidos «durante su ejecución hasta su finalización para el pago a las contratistas».

Del mismo modo, ordena a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción que –tal y como ha adelantado Libertad Digital– indague en una nueva transferencia de Podemos a Neurona Comunidad por 75.000 euros efectuada el 29 de marzo del pasado año desde una cuenta de la Caja de Ingenieros (la misma entidad que otorgó a Iglesias e Irene Montero la hipoteca para la adquisición de su chalet en Galapagar).

Podemos ha aportado unos vídeos para justificar ese desembolso a Neurona Comunidad, pero el juez no lo ve claro y ha ordenado a la unidad Antiblanqueo que investigue «la autoría y la fecha de su realización» y cualquier otro dato informático que los agentes puedan obtener de esas imágenes.