El juez de “Voloh” investiga un supuesto trato de favor de Industria con conocimiento de la ministra

El juez del “caso Voloh” investiga si el Ministerio de Industria otorgó un trato de favor a Mitsubishi en la operación de entrada de capital en la empresa de automoción Bergé. El magistrado Joaquín Aguirre ha solicitado al departamento que dirige Reyes Maroto que entregue “de forma inmediata” el expediente en el que se autorizó la ampliación de capital de la cadena española de concesionarios y la entrada de Mitsubishi con un 25% del capital.

El instructor -que investiga el supuesto desvío de fondos para favorecer el proyecto independentista a través de empresarios afines al ex president Carles Puigdemont- adoptó esta decisión el pasado 27 de octubre a instancias de la Guardia Civil, que en un informe incorporado al sumario del “caso Voloh” advierte de la posible comisión de delitos de tráfico de influencias si, como se desprende de una conversación intervenida al ex dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) David Madí, Industria hubiese favorecido la concesión de esa autorización al grupo automovilístico para entrar en el capital de Bergé.

En esa conversación de Madí -uno de los ideólogos del independentismo- con un empleado del Banco Santander, el ex dirigente de CDC se refiere a la “auténtica tragedia” padecida para conseguir esa autorización de Industria, pues a raíz de la pandemia del coronavirus el decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 establece que el Consejo de Ministros debe autorizar las inversiones extranjeras en empresas españolas.

Madí asegura que ha sido “una operación muy difícil desde el punto de vista organizativo” porque esas autorizaciones del Consejo de Ministros “no son nada fáciles” y “las miran con lupa porque tienen mucho miedo que los fondos buitre entre en empresas cotizadas o no cotizadas”. “Para saltarse la cola ha habido que hacer malabarismos y sobre todo ha habido que hacerlo -continúa- a niveles subalternos, aunque con el conocimiento de la ministra”.

De hecho, explica, “una de la cosas que ellos pidieron” fue “que no se publicara porque claro, tenían pánico que se enteraran los de la cola”, por lo que “hasta que no pase el estado” (de alarma) “no se va a publicar absolutamente nada”. Su interlocutor asegura incluso en un momento de la conversación que la ministra miró “un poco para el otro lado” y tuvo que firmar “su secretario” (según la Guardia Civil se refiere a Ignacio Díaz Bidart, director de Gabinete de la ministra), quien habría pedido “de rodillas que “ni una palabra, ni una palabra””.

La Guardia Civil concluye que a través de esta llamada el ex dirigente de CDC supo que se había cerrado “la entrada de Mitsubishi posiblemente en el grupo familiar del sector de automoción Bergé”, que se materializó “gracias a poder saltarse la cola para obtener autorización del Consejo de Ministros haciendo malabarismo”. De ahí que concluya que pudieron existir “irregularidades y trato de favor para obtener dicha autorización”.

Fuentes del Ministerio de Industria aseguran, no obstante, que en este supuesto no era necesaria esa autorización al no tratarse de uno de los sectores estratégicos objeto de la referida disposición normativa.