La principal asociación judicial insta al CGPJ a dar “protección” al juez del “caso Dina”

La Asociación Profesional de la Magistratura ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a mostrar públicamente su respaldo al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del “caso Dina”, tras las amenazas recibidas después de que pidiera al Tribunal Supremo que impute al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por tres delitos.

El Comité Ejecutivo de la principal asociación judicial de nuestro país denuncia en un comunicado que esa actuación judicial ha generado “una campaña pública en medios de comunicación y redes sociales exclusivamente encaminada a desprestigiar, personal y profesionalmente, al magistrado” y, en general, a “deslegitimar al Poder Judicial”, y cuyo alcance es mucho mayor pues pretende, añade, no solo “restar credibilidad y validez” a los argumentos jurídicos de García Castellón para que se impute al líder de Podemos, sino también “condicionar la decisión de aquellos magistrados” del Supremo que deben decidir si se investiga o no a Iglesias por utilizar supuestamente el “caso Dina” para sacar rédito electoral presentándose como una víctima de las “cloacas del Estado”.

Para la APM esa “campaña de deslegitimación y descrédito”, incluidas las “amenazas directas contra la integridad física e intromisiones ilegítimas en el honor y la dignidad personal” del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional son un “ejemplo evidente de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas con los intereses propios de las organizaciones afectadas y sus líderes”.

“La crítica a las resoluciones judiciales es una manifestación de la libertad de expresión y el adecuado entendimiento de la Justicia como servicio público”, recuerda la asociación que preside el magistrado Manuel Almenar, pero aquella -subraya- “no puede amparar descalificaciones infundadas que persiguen el descrédito de los jueces y magistrados y que desborda el ejercicio del cualquier derecho, sobre todo si se trasciende al insulto y la coacción o la amenaza”.

La APM se suma a la denuncia planteada ante el CGPJ por García Castellón -quien sin embargo no pidió amparo al órgano de gobierno de los jueces- y reclama a este organismo que adopte las “medidas idóneas para la protección” del magistrado Juez, “para velar por la independencia del Poder Judicial, y por el adecuado y correcto funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país”.

Y es que la Asociación Profesional de la Magistratura llama la atención sobre el hecho de que desde hace algún tiempo “asistimos con estupor a la deslegitimación permanente del Poder Judicial por parte de representantes de organizaciones políticas e instituciones cuando se dictan resoluciones contrarias a sus intereses”.