Laura Borràs se niega a declarar en el Suprempo por supuestos contratos adjudicados irregularmente y tilda de “incompetente” a la juez de Barcelona que inició la investigación

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, se ha negado hoy a declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, instructor de la causa donde se le investiga por las posibles irregularidades cometidas durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), relacionado con la adjudicación de contratos a un amigo. Borras, asistida por el abogado Boye -quien tamabién defiende a Puigdemont- aseguró que esos contratos fueron en todo momento “correctos en tiempo, forma, calidad y servicio público”, algo que espera demostrar con una prueba percial que está pendiente de remitirse al Tribunal Supremo. Será en ese momento, cuando la citada prueba llegue al Alto Tribunal, en el momento en que solicitará declarar voluntariamente. Además insistió en que no piensa renunciar a su escaño porque ello significaría asumir su “culpabilidad”, cuando lo que pretende es demostrar lo contrario, es decir, su inocencia. Borrás está investigada por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental , en relación con la adjudicación de 18 “contratos un total de 18 menores” por 259.863 euros , de forma “directa o indirectamente de manera arbitraria” a su amigo y también investigaoa en esta causa Isaías Herrero, un programador informático, durante los años en que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

La prrueba pericial que solicita que se practica permitiría, aseguró Borrás, , “Implicaría poder demostrar que esos trabajos se realizaron, quién es su autor, cuál es precio objetivo, que carácter de periodicidad existe entre ambos, entre todos los trabajos o incluso la unidad funcional de los mismos”, y será entonces cuando declare ante el instructor. En este punto, arremetió contra la juez de Barcelona que realizó las primeras investigaciones,que calificó de prospectiva yrealizada de forma secreta “ en el transcurso de la cual se cometieron ilegalidades”, y que remitió la causa al Supremo al constar indicios de delito en Laura Borrás: “El Tribunal Supremo lo que hace cuando recibe esa causa, en vez de reprobar a la juez incompetente que lo llevó a cabo, lo acepta y me cita a declarar incluso antes de pedir el preceptivo suplicatorio”. El Supremo, añadio, “ha sido muy rápido pero muy lento pidiendo estas pruebas” periciales.

Por ello, aseguró, “no voy a colaborar nunca con la injusticia” sino que lo hará “con la Justiicia”, y, por tanto, “cuando esa prueba exita vendré a declarar personalmente”. En su opinión, cuando no se pueden demostra las acusaciones que se formulan .

Por otro lado,e l portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha sido uno de los representantes políticos que se ha traslado al Supremo para “apoyar” a Borràs ante una “situación injusta”. Ha denunciado “la particular” concepción del diálogo del “Estado”, a través de la “represión” y ha asegurado que no van a dar “marcha atrás”: “Vamos a continuar porque tenemos unos derechos colectivos e individuales que alguien tiene que defender”.

También han acompañado a Borrás los diputados de JxCat Miriam Nogueras y Jaume Alonso-Cuevillas; la de ERC Pillar Valluguera y el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, entre otros, además de una veintena de miembros de asociaciones civiles, entre ellas ANC y Òmnium, que han portado una pancarta con el lema “Laura Borràs, no estás sola. No es justicia, es venganza”.

El instructor de la causa ya citó a Borràs el pasado 14 de febrero para que prestara declaración voluntaria, si bien la diputada optó por no acudir a la citación y ha sido necesario cursar un suplicatorio al Congreso para obligarla a comparecer. La defensa de Borràs ha intentado también aplazar esta nueva declaración hasta que se practicara una prueba pericial, si bien el juez instructor denegó esta petición.

En un mes, cuatro contratos

El fraccionamiento supuestamente irregular de los contratos adjudicados por Laura Borràs a su amigo Isaías Herrero –cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) de la Generalitat– vivió su punto álgido en junio y julio de 2015, un mes frenético en el que en apenas un mes, entre el 12 de junio y el 15 de julio, se adjudicaron al programador informático y entonces profesor de la Universidad de Barcelona –en un área dirigida por la ahora diputada de JxCat– 70.315 euros correspondientes a cuatro contratos menores. Es decir, más de una cuarta parte de los 259.863 euros adjudicados a Herrero de forma irregular, según la juez de Barcelona Silvia López Mejía, entre marzo de 2103 y febrero de 2017.

La investigación apunta a una posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borràs que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración “carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses” de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso el magistrado en su exposición razonada al Congreso. Igualmente, el juez encuentra indicios de malversación y también de fraude administrativo y documental.

La investigación nace de la instrucción que abrió un juzgado de Manresa en 2017 contra Isaías Herrero por un presunto delito de falsificación de moneda al que después se sumaron falsedad documental y tráfico de drogas. En el marco de esta causa, los investigadores analizaron las conversaciones telefónicas del “amigo” de Borràs de las que se desprendía la necesidad de preparar unas facturas.

El juzgado de Manresa finalmente se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, donde continuó la investigación y se confirmó el “modus operandi” seguido en el periodo 2014-2017 consistente en dividirla contratación del servicio en contrato menores de menos de 2018”, explica la resolución. Fue este tribunal el que elevó la causa al Supremo dada la condición de aforada de Borràs como diputada en el Congreso.

La prueba clave se encontró en una la cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borràs señala de “forma muy explícita” a Herrero como debía proceder. Además, los investigadores constataron que una de las empresas que licitó para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, había sido creada con anterioridad por la diputada catalana, aunque finalmente la adjudicación fue a parar a una de las empresas de Herrero, que presentó un presupuesto de 100 euros menos. También existen indicios de que Borràs y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.