Josu Ternera
La Justicia francesa se plantea dejar en libertad a “Josu Ternera” con control telemático
El Tribunal de Apelaciones de París rechaza la entrega del histórico ex dirigente de ETA para que sea juzgado por lesa humanidad, una de las cuatro causas por las que España lo reclama
El Tribunal de Apelación de París abre la puerta a la puesta en libertad del histórico ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, que se encuentra en prisión en Francia desde mayo del pasado año a la espera de que se decida sobre su extradición a España. Con el aval de la Fiscalía gala, la Sala estudiará hasta el próximo día 29 su posible arresto domiciliario con salidas controladas con una pulsera telemática para evitar su fuga, según confirmaron fuentes jurídicas.
Ese estudio, añaden esas mismas fuentes, incluirá la instalación de los equipos técnicos necesarios y “el cuadro de horarios” que permitirá a “Josu Ternera” salir de su domicilio, incluyendo las visitas médicas.
Este mismo tribunal ha rechazado que el ex jefe terrorista sea entregado a España para que sea juzgado por un delito de lesa humanidad, una de las cuatro causas por las que está reclamado. La Justicia francesa dio el pasado enero su visto bueno a la extradición de “Josu Ternera” por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, que causó once muertos, entre ellos seis niños, y decenas de heridos, pero la defensa del ex dirigente etarra, que ejerce en España el letrado Gonzalo Boye, recurrió esa decisión. En total, España ha tramitado dos demandas de extradición y dos euroórdenes contra “Josu Ternera”.
EL país vecino ya reclamó a España información adicional en relación al periodo de los hechos por los que se le imputa un delito de lesa humanidad -una denuncia que fue impulsada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ)- y sobre las “condiciones de prescripción” de los mismos y su calificación jurídica.
En el documento en el que pedía esas precisiones -en el que se constataba que "Josu Ternera" fue entre 2005 y 2007, junto al ya fallecido Javier López Peña, "Thierry", el responsable del "aparato político", participando en ese periodo por su "carisma y ascendente en el resto de militantes" en "todas las decisiones importantes" de la banda terrorista, la Corte de Apelación de París recelaba del hecho de que la imputación por lesa humanidad no figurase "en el origen del procedimiento". Más aún, resaltaba, teniendo en cuenta que entonces constaban ya otra orden de detención y dos solicitudes de extradición vinculadas a "su participación en las actividades de ETA, la comisión de actos de terrorismo o actos cometidos en un contexto de reivindicación terrorista".
A la vista celebrada en París ha asistido el propio “Josu Ternera”, quien al tomar la palabra se ha limitado a remitirse a los argumentos esgrimidos por su defensa. “No quiero decir nada, mis abogados lo han explicado muy claramente”, ha apuntado. Al tribunal parisino ha acudido también Egoitz Urrutikoetxea, hijo del ex dirigente etarra, según esas mismas fuentes.
En la Audiencia Nacional están en vigor cuatro requisitorias de otros tantos juzgados centrales de instrucción, con sus correspondientes órdenes europeas de detención (OED), contra Urrutikoetxea. No solo por lesa humanidad y por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. El juez Santiago Pedraz tiene abierto un sumario en el que se investiga su responsabilidad en el asesinato de Luis Maria Hergueta, directivo de Michelín en Vitoria, de un tiro en la nuca, el 25 de junio de 1980, y el titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata, mantienen como investigado a Urrutikoetxea por delito de integración en organización terrorista en la macrocausa por la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas”.
Tras su imputación por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, “Josu Ternera” se dio a la fuga en noviembre de 2002, burlando la citación del Tribunal Supremo, que le había citado a declarar tras asumir la causa por la condición de diputado del Parlamento vasco del terrorista.
El ex jefe de ETA fue procesado en octubre de 2015, junto a otros tres antiguos dirigentes de la banda terrorista -Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”, Mikel Carrera Sarobe y Ángel Iriondo- por delitos de lesa humanidad por el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, por lo que la Justicia española lo reclamaba a Francia para sentarle en el banquillo.
Aunque la denuncia impulsada por Dignidad y Justicia incluía a todos los dirigentes de ETA, a los que también imputaba un delito de genocidio, finalmente la Audiencia Nacional limitó la imputación de lesa humanidad y sólo para los jefes etarras a partir de octubre de 2004, cuando el Código Penal incorporó este delito, que desde 2015 castigado con prisión permanente revisable.
En el auto de procesamiento, a "Josu Ternera"se le atribuyen dos asesinatos durante el periodo en el que fue dirigente de la banda terrorista. En esa resolución, el magistrado imputaba a "Josu Ternera", "Txeroki" Carrera Saroba e Iriondo los atentados cometidos por la banda terrorista desde 2004 –que causaron la muerte de más de una treintena de personas–, por los que les reclamó una fianza que suma en total 25 millones de euros. Todos ellos, según el juez, fueron responsables de la estrategia de «persecución sistemática de amplios sectores de la población» que suponían un obstáculo para la consecución de los fines de ETA.
Para el instructor, “Josu Ternera” y el resto de los ex dirigentes etarras procesados ordenaron a los “comandos” cometer los atentados, por lo que tenían “perfecto dominio de la organización” y “deberían responder de los hechos delictivos que han dirigido o respecto de los cuales han decidido”.
El 20 de junio del pasado año, en su comparecencia ante el magistrado Christophe Seys, el ex dirigente de ETA –que había sido detenido cuatro días antes en los Alpes franceses–, negó que desde su fuga en 2002 estuviese en la clandestinidad y aseguró que todo ese tiempo estuvo «implicado activamente» en el «proceso de paz».
El juez galo entendió entonces que la prisión de “Josu Ternera” era “la única forma de garantizar el mantenimiento de dicha persona a disposición de la justicia, dado que es objeto de búsqueda en España en el marco de tres procedimientos relativos a hechos de extrema gravedad, castigados con penas muy elevadas».
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