La nueva Ley de Memoria Histórica llegará al Consejo de Ministros en julio

El Gobierno ultima una nueva Ley de Memoria Histórica que sustituirá la norma impulsada en 2007 por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo avanzó esta tarde la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en declaraciones a los medios en una visita al Palacio Real de Madrid. La intención es que “en dos o tres semanas” se pueda elevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. La novedad es que se quiere contar con propuestas ciudadanas al respecto y, para ello, el Ministerio de Memoria Democrática abrió el viernes pasado un plazo de consulta pública de 15 días para que la sociedad civil pueda remitir sus propuestas, ideas, opiniones o sugerencias de cara a la reforma de la norma.

La vicepresidenta apeló a la voluntad de desembolsar fondos públicos en pro de esta política, a diferencia de lo que hizo el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy, que “se jactó de decir que había 0 euros para la memoria democrática”, informa Ep.

Calvo ha avanzado que su ministerio ultima asimismo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “un plan de exhumación en todo el territorio muy importante, con derivación de fondos públicos para que a través de los ayuntamientos podamos exhumar y devolver con identificación” a los familiares. Se trabaja también, ha añadido, en un banco de ADN de las víctimas y en la “resignificación del Valle de los Caídos”, para lo que ha anunciado una pronta reunión sobre esta cuestión.

En la proposición de ley que el Grupo Socialista registró en el Congreso se planteaban, entre otras medidas, suprimir títulos nobiliarios y condecoraciones otorgadas por el franquismo, encargar al Gobierno las labores de exhumación de fosas, la confección de un censo de víctimas y un banco de ADN para facilitar las identificaciones, y destinar partidas anuales para financiar la exhumación de restos enterrados en Cuelgamuros, de donde se trasladó el cadáver de Franco el pasado 24 de octubre.

La Fundación Franco, en el punto de mira

En este nuevo paso adelante respecto a la Ley de Memoria Histórica, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNNF) ve amenazada su supervivencia. Su presidente, Juan Chicharro, considera que “es obvio que la ilegalización afecta a derechos fundamentales, por lo que debería tramitarse como ley orgánica”, y aventura “en cualquier caso un trámite parlamentario largo, sin duda”.

Chicharro se muestra “conciliador” y expresa su acuerdo con matices respecto a alguno de los puntos de la nueva norma. Así, sobre la “recuperación, salvaguarda, conocimiento y difusión de la Memoria Democrática, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”, asegura “no poder estar más que de acuerdo”, pero dice esperar “que la norma tenga presentes los derechos constitucionales de todos, entre otros los que se desprenden de los artículos 14, 16 y 20 donde queda claro que todos “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de opinión”. Recuerda el general en la reserva además que la Carta Magna “garantiza la libertad ideológica” y “reconoce los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”. Afirma no ver “factible que la norma en proyecto, si se ajusta a la Constitución, atente contra lo que defiende la Fundación Franco, por más que no le guste al Gobierno”.

Acerca del “reconocimiento como víctimas de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura, promoviendo su reparación moral y la recuperación de su memoria”, añade Chicharro que la FNFF “concuerda con este objetivo igualmente y esperamos que en términos equitativos se promueva la reparación moral de todas aquellas víctimas que fueron asesinadas en las numerosas checas de la época, los que fueron ejecutados en Paracuellos del Jarama, en el túnel de Usera, en la fosa marina de Cartagena o en tantos otros sitios por el mero hecho de ser portadores de ideas contrarias a las del Gobierno republicano”. Según el presidente de la Fundación Franco, “no sería una norma justa si no se atuviera a la realidad de la desgracia de lo que supuso la Guerra Civil para todos los españoles de uno u otro bando. Incluso también esperamos justicia para todos los anarquistas asesinados por el partido comunista en Barcelona y en otros lugares”.

Respecto a la llamada “a la participación de la ciudadanía y del movimiento asociativo”, Juan Chicharro espera “quesean tenidos en cuenta todos los movimientos asociativos sean del signo ideológico que sean”.

Por último, y sobre la “declaración de lugares de memoria democrática, así como la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la Guerra Civil y el franquismo”, el general de Infantería en la reserva confía en que “esta norma propicie igualmente la retirada de toda la simbología que exalta la Guerra Civil –no solo las de un bando– como estatuas o calles dedicadas a personas de reconocida intervención en la contienda como Indalecio Prieto, Largo Caballero o Santiago Carrillo”.