“El tsunami se veía venir”: el forense del 8-M señala a las autoridades sanitarias por “infravalorar el peligro”

El último informe forense remitido a la juez del 8-M incide en que el “tsunami” del coronavirus “se veía venir” y que ya a finales de enero “había un adecuado conocimiento de la situación y quizá se minimizara el riesgo” que el virus entrañaba, “creyendo o diciendo que era como una gripe”.

El forense adscrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, sostiene a lo largo de 60 páginas que hubo una “infravaloración del peligro” dado que antes de la manifestación del Día Internacional de la Mujer la situación sanitaria “era conocida a la perfección” tanto por el ministro de Sanidad, Salvador Ila, como por Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), por la directora general de Salud Pública, Pilar Azcárraga, y por el propio delegado del Gobierno, José Manuel Franco, así como por los colaboradores del CCAES en las comunidades autónomas, “incluida la de Madrid” y también por el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, “pues acudió a la reunión del 5 de marzo con los representantes de la federación evangélica” cuyo congreso se prohibió para evitar riesgos de contagios 24 horas antes del 8-M.

El 28 de febrero, recalca el forense Lorenzo Rego en ese informe fechado ayer, en la Delegación “se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del peligro que entrañaba para los ciudadanos”, pese a lo cual no se instó a los convocantes de concentraciones “que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS desde que se instauró la epidemia”.

Antes de autorizar las numerosas peticiones de concentraciones entre el 5 y el 14 de marzo, sostiene el forense, “a pesar de encontrarnos en plena epidemia, con un número creciente de casos, a pesar de conocerse en la Delegación del Gobierno el riesgo para la salud de todos los ciudadanos, hasta el punto de proteger a sus trabajadores con medidas e información adecuadas, no consta que en ni una sola de las muchas solicitudes de manifestación se hiciera ni la más mínima mención al riesgo y a la seguridad”. Y eso que desde ese 28 de febrero, precisa, “había información y medidas para la Delegación” a través de su departamento de riesgos laborales. “Por motivos que desconozco no se trató de igual forma a la población”, afirma.

El informe forense se conoce después de la petición de la Fiscalía de que se archive la investigación por prevaricación contra el delegado del Gobierno -que mañana declara ante la instructora- al no advertir indicios delictivos. Pero la conclusión del informe está lejos de esa percepción, pues esgrime que “no se atendió suficientemente a las llamadas de la OMS y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y cuando estalló la difusión comunitaria esporádica no se actuó con diligencia, teniendo la manifestación del 8-M como telón de fondo que pudo influir en no cancelar eventos masivos, no solo ese sino el acto de Vox el mismo día”.

De no haber permitido esas manifestaciones y "de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas necesarias", dice, "se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". Según su criterio la autoridad sanitaria "debería haber impedido las manifestaciones masivas con el mismo celo con que, con muy buen criterio, prohibió el congreso evangélico".

En la Delegación -asegura- “se tenía conocimiento de la peligrosidad que entrañaba el Covid-19 para la salud de los madrileños” y también de “cuál era la información que había que suministrar a la población para su autoprotección por medio de las medidas de distanciamiento social”, que eran “las mismas que ofreció a los trabajadores de la Delegación”. Sin embargo, al forense no le consta que esa información se trasladara ni a las personas que solicitaban autorización para manifestarse “ni a quienes iban a velar por la buena marcha de la manifestación del 8 de marzo” en la reunión que se celebró el pasado 27 de febrero en la Delegación del Gobierno en relación a esta concentración.

Un barco a punto de hundirse

Aunque la “población no lo veía”, sostiene, “quien estaba al cabo de la calle eran los expertos del CCAES, pues son quienes tenían los datos continuamente de lo que estaba sucediendo”. En el organismo que dirige Simón, añade, a finales de febrero “se notaba la tensión” a través del “estudio de los correos electrónicos”. Y en referencia a unas conversaciones del 25 de febrero recogidas en esos correos dice que “parecen propias de los marineros en un barco a la deriva y a punto de encallar contra las rocas o de hundirse”.

“Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar”, defiende, al tiempo que insiste en que “la situación de hecatombe en España se veía venir, porque quien sabe epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible”. “Es algo previsible y además advertido por organismos conocedores de estos temas”, recalca, pues el ECDC “lo advirtió claramente, que nos preparásemos para una pandemia, que hiciéramos planes de pandemia, que el peligro era grande e inminente, que adoptáramos las medidas de distanciamiento social (evitar concentraciones masivas) en ese mismo momento y con independencia de los escenarios epidemiológicos en que nos encontráramos”.

De ahí que le resulte sorprendente que “en plena expansión de la epidemia” se adoptase una “mayor laxitud en el momento de aplicar una medida fundamental”, como era el distanciamiento social, en un informe sobre “medidas farmacológicas para la contención” del CCAES que fue actualizado (la última vez el pasado 28 de febrero) para limitar la prohibición de manifestaciones masivas en el escenario 2 solo “alrededor de la zona donde se están dando los casos/brote”.

“Nos estábamos acercando al famoso 8-M”, apunta, “y el sí a las medidas de distanciamiento social habría impedido la celebración de esa tan deseada manifestación”. “No quiero pensar que se haya acomodado el texto para tener argumentos en pro de la no cancelación”, afirma, en el convencimiento de que “habría que suspender no solo esa, sino todas las demás convocadas”, por lo que “si suspendían las demás, no habría argumentos para celebrar esa del 8 de marzo”.

Y recuerda que “no por casualidad un número indeterminado de las personas que allí estuvieron, me refiero a ministras y demás personajes públicos, contrajeron la enfermedad del Covid-19, además entre las que estuvieron en primera fila, llevando la pancarta”. Aunque admite que “el estar en una manifestación y tener la enfermedad no es signo inequívoco de haberla contraído allí, pues pueden haberse contagiado en cualquier otro lugar, en el transporte público, en un establecimiento o por la calle”.