La juez del 8-M ha citado a declarar como testigos el próximo día 11 a cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid y a tres convocantes de manifestaciones que solicitaron los correspondientes permisos a la Delegación antes de la entrada en vigor del estado de alarma.

En la resolución, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, insiste en no investigar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón y reclama una fianza de 1.000 euros a las asociaciones que pretenden personarse en la causa como acusaciones populares, entre ellas Manos Limpias.

Fuentes del colectivo de funcionarios aseguran que harán efectiva esa fianza en las próximas horas y recuerdan que a mediados del pasado marzo presentaron una denuncia contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por prevaricación y lesiones imprudentes -un delito que ha descartado ya investigar la instructora del procedimiento- y que tras recaer en el Juzgado de Instrucción número 31 su titular se inhibió en favor de Rodríguez Medel, que días después abrió diligencias tras una denuncia interpuesta por el abogado Víctor Valladares.

La misma fianza exige a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y al hijo de una víctima del Covid-19 para poder personarse en el procedimiento como acusación.

La magistrada se niega a suspender la declaración del delegado del Gobierno, prevista para el próximo miércoles, como había solicitado la Abogacía del Estado y le recuerda que los recursos no suspenden el procedimiento. Ese mismo 10 de junio comparecerán, en su caso como testigos, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; Luis María Sanz Moriñigo, jefe del gabinete de Franco, y el director de Seguridad Ciudadana de la Delegación, José Luis Correas.

Rodríguez Medel emplaza también al abogado que denunció inicialmente al delegado del Gobierno a que formalice la fianza, también de mil euros, para poder ejercer la acusación popular a través de la Asociación contra la Gestión de Coronavirus (AGC) y rechaza ampliar la denuncia contra Simón, contra quien, insiste, "no se dirige" la causa y le remite a otros juzgados de la capital que tramitan denuncias contra él.

Uno de ellos, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, ya descartó hace unos días investigar a Simón por homicidio imprudente al no considerarse competente para ello y negar la posible comisión de falsedad documental, por el recuento de los fallecidos por coronavirus, y de un delito contra los derechos de los trabajadores por no haber facilitado antes medios de protección contra la pandemia a sanitarios, policías y demás funcionarios en riesgo de contagio.

Entre los ocho testigos que comparecerán ante la instructora el próximo día 11 figuran el convocante de varias protestas de la asociación animalista Anonymus for the Voiceless, que el pasado 4 de marzo solicitó permiso para dos concentraciones para el 15 y 16 de ese mismo mes que fueron finalmente autorizadas, pero que no se celebraron. Según constata la Guardia Civil en el informe en el que cuestiona la gestión de la crisis sanitaria por parte del ministro Salvador Illa y del propio Simón -que le costó el puesto al jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos-, “nadie asistió a las mismas precisamente por responsabilidad ante el temor a contagios”.

También testificará ese día Javier G. O., que pidió permiso a la Delegación del Gobierno para seis protestas -según consta en la relación de solicitud de autorizaciones incluida en el referido informe policial-, de las cuales se celebraron cuatro -los días 6, 9, 11 y 13 de marzo- y se desconvocaron las dos restantes, el 16 y el 18 del mismo mes, ya con el estado de alarma en vigor.

Entre los testigos se encuentra igualmente otro de los convocantes de protestas entre el 5 y el 14 de marzo, Juan M. I., que pidió permiso para una concentración el día 14 que al final no se celebró.

Según la documentación remitida por la Delegación del Gobierno, entre el 5 y el 14 de marzo recibió 177 peticiones de reuniones o manifestaciones, de las que se autorizaron 130. Finalmente, 35 fueron desconvocadas (26 de ellas por la crisis sanitaria del coronavirus) y otras ocho no se llegaron a celebrar. Catorce de esas protestas desconvocadas se anularon por los propios promotores y otras doce a instancias de la Delegación del Gobierno “mediante llamada telefónica”.

Entre las concentraciones no autorizadas figura una que pretendía celebrar una asociación de agricultores y ganaderos el 14 de marzo frente al domicilio del vicepresidente Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid) y cuyo permiso se denegó esgrimiendo el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria. La Guardia Civil denunció en su informe sobre el 8-M la “diferente gestión” de unos expedientes respecto a otros.