8-M: la Abogacía del Estado critica el “sesgo acusatorio” del informe de la Guardia Civil

La Abogacía del Estado ha ampliado el objeto de sus críticas por la instrucción de la causa del 8-M, que ahora hace extensivas -además de a la juez instructora- al forense que concluyó que las concentraciones anteriores al 9 de marzo pudieron contribuir a difundir los contagios y a la Guardia Civil, a la que reprocha el “sesgo acusatorio” del informe en el que cuestiona la actuación del ministro Illa y de Fernando Simón en la gestión de la crisis sanitaria.

En un escrito en el que solicitó a la juez Carmen Rodríguez-Medel la suspensión de la citación como investigado del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco -que finalmente se ha retrasado al 10 de junio-, la abogada del Estado Rosa María Seoane considera “absolutamente residual el impacto” que el 8-M y las concentraciones celebradas hasta el 9 de marzo pudieron tener, en su caso, en la transmisión de los contagios por Covid-19.

El forense, se queja, “sienta, como hecho incontrovertido, que las manifestaciones (no dice cuáles) han podido causar una amplia difusión de la enfermedad”. “Negamos la mayor”, dice, pues según los Servicios Jurídicos del Estado “esa afirmación no tiene ningún sustento científico ni técnico”. Los expertos, recalca, “niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid”.

Para la representación jurídica del Estado es "falso" afirmar "que los organismos internacionales, como la OMS o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades recomendaban cancelar eventos multitudinarios, sin distinción alguna". El informe del ECDC, subraya, "recomienda la cancelación de eventos en los escenarios 3 y 4 y sólo excepcionalmente cuando concurra una causa especial, en los escenarios 1 y 2".

"¿Una investigación penal puede basarse en afirmaciones semejantes sin fundamento técnico alguno?", se pregunta. "En modo alguno", concluye.

La Abogacía se opone a la decisión de la juez de solicitar un nuevo informe ampliatorio forense, una diligencia que considera “innecesaria, inútil e impertinente” en relación con el delito de prevaricación por el que se investiga al delegado del Gobierno, y que según ella "sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes ".

"No se encuentra en el informe de la Policía Judicial -defiende- ningún análisis de evidencias científicas, sólo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica para revisar el informe del forense". Y hace hincapié en que la conclusión alcanzada por éste sobre "la imposibilidad de establecer la relación de causalidad" (entre el 8-M y el aumento de contagios) "no se ve afectada en absoluto" por el informe elaborado por la Guardia Civil, "que nada aborda sobre ese tema".

Cerrada la instrucción por el delito de lesiones imprudentes, dice la abogada del Estado, no es "oportuno ni necesario hacer ninguna consideración" añadida acerca de ese informe.

Asimismo, destaca la inexistencia de indicios contra el delegado del Gobierno y emplaza a la juez a precisar “cuáles son esas resoluciones cuya omisión se investiga” y a identificar “qué actos u omisiones concretas son las investigadas como presuntamente delictivas”. De otra forma, denuncia, se origina una “indefensión material, reiterada y continuada” al delegado del Gobierno “sin que ninguno de los mecanismos de revisión de las resoluciones judiciales que se vienen dictando sin solución de continuidad en una instrucción no urgente, llegue a ser efectivo, al no tramitarse los recursos” en la Abogcía del Estado discrepa de la instrucción.

Seoane afirma desconocer "si lo investigado es no prohibir" ninguna de las manifestaciones, "incluyendo todas sin distinción", o "no prohibir sólo las que se celebraron sin distinguir si se esperaban 100 o 1.000.000 personas o si lo es el no prohibir las que fueron desconvocadas".

Y se queja del supuesto perjuicio que causa al investigado el informe de la Guardia Civil, al que atribuye un “claro sesgo acusatorio”, por haber sido elaborado “mientras estaba pendiente de tramitar y resolver” su recurso de apelación contra el auto del pasado 23 de marzo en el que la instructora acordó abrir diligencias de investigación, “sin que ni Fiscalía se haya podido pronunciar oportunamente antes de que se desenvolvieran todas las diligencias acordadas y sin que la Audiencia Provincial revise la legalidad de la forma de proceder de la instructora”.