El indulto a Dolors Bassa abre otra crisis a Sánchez por el «procés»

El Gobierno presentará en el primer semestre de 2020 su reforma del Código Penal en la que, entre otros tipos, se modificarán las condenas de los delitos de sedición y rebelión para adecuarlos a la «realidad del siglo XXI». Una realidad que afecta de lleno a los políticos sentenciados por el «procés» y que desde la oposición se ha definido como un «indulto encubierto» a los líderes catalanes. Sin embargo, antes de que se acometa el cambio de la norma penal, el Gobierno podría tener que hacer frente a un indulto mucho más cierto y real: el de Dolors Bassa.

El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, confirmó a LA RAZÓN que presentarán esta petición para que la que fuera consejera de Trabajo de la Generalitat y condenada a doce años de prisión por el «procés» pueda obtener la libertad. «Estamos trabajando en ello», aseguró Ros a este diario, aunque evitó desvelar la inminencia de la medida.

Desde el sindicato de los trabajadores se defiende que no se trata de una «cuestión de rendición», sino un paso adelante ante la necesidad de «encontrar medidas individuales» hasta que se impulse una «política global». Ros asegura que en la reunión que el presidente Sánchez mantuvo en la Delegación del Gobierno con los agentes sociales el pasado jueves en Barcelona no se abordó este asunto –dentro de la salida al conflicto político–, sino que la conversación estuvo centrada en otros aspectos como la derogación de la reforma laboral, al estar presentes también representantes de CC.OO.

Bassa tiene un fuerte vínculo con el sindicato UGT, que lideró en Girona, y dentro de las especificaciones del indulto se prevé que éste pueda ser solicitado por un tercero. Por su parte, la ex consejera se muestra abierta a beneficiarse del mismo –no como otros condenados por el «procés»– y así lo aseguró en una reciente entrevista en la Cadena Ser. «No pediré un indulto porque soy una persona inocente (...) Ahora bien, también he dicho muchas veces que mi prioridad es salir de prisión, aceptaré todos los permisos que se me concedan en este sentido y si, además, personas, colectivos o entidades me piden el indulto, es su opción para apoyarme y yo lo agradezco», reconoció.

La petición de indulto se presenta ante el Ministerio de Justicia y será éste el que realice los trámites previos a la decisión final que adopte el Gobierno. En todo caso, es imprescindible que el tribunal sentenciador se pronuncie sobre la medida de gracia solicitada. Es decir, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena tendrá que informar sobre si estima que, a la vista del delito por el que fue condenada y otras circunstancias que puedan valorar, se debería conceder el indulto, ya sea total o parcial, o por el contrario, rechazarlo.

Al igual que la Sala, la Fiscalía del Tribunal Supremo deberá informar también sobre ese aspecto. Hasta ahora, todas las peticiones de los condenados por esta causa fueron rechazadas por los representantes del Ministerio Público. La Fiscalía, cuando deba pronunciarse, estará ya dirigida por Dolores Delgado. En todo caso, ambos dictámenes son preceptivos, pero en ningún caso vinculantes, para la propuesta que eleve al Consejo de Ministros el Ministerio de Justicia. El Gobierno tiene plena libertad para seguir los criterios tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscalía.

Esta situación colocaría al Gobierno en una encrucijada dentro de su interlocución con la Generalitat. En un clima electoral y con la mesa de diálogo ya en marcha, la petición de indulto de Bassa sería un torpedo a la línea de flotación del Ejecutivo que, bien comprometería su negociación para la resolución del conflicto político en Cataluña, en caso de rechazarlo. Bien daría amplia munición a la oposición y perjudicaría las opciones del PSC en las futuras elecciones, en caso de aceptarlo, ya que truncaría la atracción de votante huérfano de Ciudadanos.

La posición del Gobierno ha sido voluble en lo relativo al indulto. En un primer momento, se jugó a la ambigüedad, asegurando que, mientras no hubiera sentencia firme no se daban el contexto para que se produjera una medida de gracia que, en todo caso, tiene que ser solicitada por alguno de los actores.

Cuando la sentencia ya adquirió la firmeza que se demandaba, Pedro Sánchez compareció en Moncloa –aunque el Ejecutivo se vanaglorie, cuando le interesa, de no comentar los fallos judiciales– para «garantizar el cumplimiento absoluto de las penas». Posteriormente, varios miembros del Gabinete apostillaron que ese cumplimiento sería «íntegro».

Ahora, en la nueva etapa de interlocución y distensión con la Generalitat, está por ver si este posicionamiento se mantiene o se recurre a un nuevo giro de guion, con el afán de allanar las condiciones para que fructifique la salida política al «conflicto».