La Fiscalía de la Audiencia Nacional no rebajará a sedición, por ahora, su acusación por rebelión a la ex cúpula de los Mossos por su papel en el proceso soberanista. En la primera sesión del juicio al mayor Josep Lluís Trapero, al ex número dos de la Conselleria de Interior César Puig, al que fuera director de la Policía catalana Pere Soler -todos ellos se enfrentan a una petición de condena de once años de prisión- y a la intendente Teresa Laplana (la única que sí se sienta en el banquillo por sedición), el fiscal Miguel Ángel Carballo ha asegurado que la Fiscalía "es consciente" de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS), que condenó por sedición y no por rebelión (en contra del criterio de la Fiscalía) a los líderes independentistas en el juicio del "procés", y que "se considerará la conveniencia" de modificar la calificación "en el momento oportuno". Es decir, cuando al final del juicio los fiscales tengan que elevar a definitivas sus conclusiones provisionales tras la práctica de la prueba.

Su compañero Pedro Rubira abundó en esa línea y, tras constatar que el Tribunal Supremo "es nuestro superior jerárquico" (en referencia a la Audiencia Nacional), lo que obliga al tribunal a tener en cuenta su jurisprudencia al dictar sentencia, sí dejó claro que a la hora de presentar sus acusaciones el Ministerio Fiscal "se va a regir por el principio de legalidad". "La determinación de los hechos es clara -ha asegurado-. Otra cosa es la calificación de los mismos".

Rubira ha negado que con este juicio se pretenda sentar en el banquillo al cuerpo de los Mossos. "Nada más lejos de la realidad. Nunca ha sido nuestra intención. Cuestión muy distinta es la responsabilidad que tienen los acusados en los hechos", ha insistido, subrayando que lo que se va a enjuiciar es el incumplimiento de resoluciones judiciales "Cuando se incumplen las normas, el poder judicial actúa, como bien sabe la letrada (Olga Tubau, defensora de Trapero y, que en su día ejerció la acusación en el juicio de los Gal por el secuestro de Segundo Marey), "como sucedió cuando se incumplió con los GAL".

Rubira ha defendido la competencia de la Audiencia Nacional y ha negado que se haya causado indefensión a los acusados por la "atomización" del procedimiento que denuncian las defensas. "¿Vamos a crear una causa especial como el franquismo hizo con el marxismo?", se ha preguntado de forma retórica. "Solo se va a tener en cuenta lo que se escuche en esta sala. ¿Dónde está la indefensión? No ha habido ni la más mínima vulneración. De haber seguido el criterio de las defensas, hubiéramos llegado a una macrocausa que está absolutamente prohibida", ha insistido el fiscal.

Tubau ha esgrimido un informe médico para que se exima a otra de sus defendidos, la intendente Teresa Laplana -para quien la Fiscalía pide una condena de cuatro años de prisión- de asistir a la vista una vez haya declarado y hasta el trámite de la última palabra por sufrir un estrés postraumático.

Por su parte, el letrado de Pere Soler, Cristóbal Martell, ha solicitado al tribunal que incorpore a la prueba documental un acta notarial sobre los tuits de Soler durante las horas clave del desafío soberanista.

Por último, el letrado de Puig, Fermín Morales, ha puesto sobre la mesa la supuesta vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, de la tutela judicial efectiva y del principio acusatorio y de contradicción (por no incluir el fiscal la alternativa de sedición en sus conclusiones) “al alterar los presupuestos fácticos del auto de procesamiento” (dado que la instructora consideró los hechos sedición y no rebelión), del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías pues, se quejó, la investigación del 1-O en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona “ha ido nutriendo este procedimiento”.