Las comunidades del PP buscan vías legales para no aplicar la “ley Celaá” y “evitar sus estragos”

Las comunidades del PP rechazan la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, el presidente popular, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirán la reforma ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias que consagran la libertad educativa.

“Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. Derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa”, ha señalado Casado.

Asimismo, Casado ha garantizado que en las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a “hacer todo lo posible para legislar y evitar los estragos” que plante la LOMLOE.

El líder popular ha dado las gracias a los padres que se manifiestan “pacíficamente” y manteniendo las medidas de seguridad y le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “escuche a las familias”, para las que ha pedido “libertad”.

En su opinión, la educación es “la palanca de desarrollo de una nación tan importante como España”, por lo que se ha mostrado a favor de la libertad de elección de las familias, del español como lengua vehicular y ha defendido la educación concertada y la educación especial.

En esta línea, el Gobierno de Díaz Ayuso está dispuesto a liderar la contrarreforma con una normativa autonómica que blinde la educación concertada y la especial, dos modelos que considera amenazados con la “ley Celaá”, tal y como ha reafirmado hoy mismo en la manifestación contra la reforma que ha inundado las calles de las principales ciudades de España.

Es más, está dispuesta a acudir a los tribunales para recurrir la norma porque “va en contra del español, la unidad del sistema educativo en España y contra las familias”, ha asegurado a LA RAZÓN el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio. De hecho, buscará las vías para no aplicar la ley porque considera que, precisamente, la ambigüedad con la que está redactada permitirá precisamente que algunos puntos claves, como los que afectan a la educación concertada o la especial, no se apliquen si una comunidad no quiere.

Murcia también está dispuesta a recorrer el mismo camino que Madrid. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ayer anunció en la Asamblea regional que recurrirá ante los tribunales la Ley Celaá e intentará no aplicarla porque “es un ataque a la libertad de las familias para elegir centro educativo, a los centros de educación especial y carece de diálogo”, dijo durante la sesión de control. De hecho, los servicios jurídicos de la Comunidad autónoma ya buscan opciones que permitan no aplicar la ley, al igual que Madrid. “Por un lado, estamos estudiando la presentación de cualquier recurso que sea necesario ante los tribunales y, por otro, ya se ha encargado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que examinen y analicen todas las opciones jurídicas para que en la Región de Murcia se aprueben las contrarreformas necesarias para no aplicar esa ley que va contra la libertad”, añadió.

Otras comunidades autónomas del PP están a la espera de que la ley se apruebe para tomar una decisión pero la vía madrileña y murciana no está descartada. La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha asegurado a LA RAZÓN que “es una ley que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa y que restringe derechos fundamentales como la libertad de elección de los padres, también en el ámbito de la educación especial”.

Andalucía también asegura que se estudiará la vía judicial una vez que se apruebe el texto legislativo pero el consejero de Educación, Javier Imbroda también ha sido muy tajante en sus manifestaciones sobre la Lomloe. “Por ahí no vamos a pasar”, ha sentenciado. El pasado viernes se refirió a los aspectos más controvertidos de la norma que “chocan con la política educativa que impulsa el Gobierno andaluz”. En cuanto a las limitaciones que se introducen sobre la concertada “vamos a luchar para que las familias, sin ningún tipo de complejos, puedan optar al modelo educativo que quieran para sus hijos”. La lomloe “nace de un fracaso porque entra por el Parlamento por la puerta de atrás. No hemos tenido ninguna comunicación, ningún diálogo, no se ha convocado ninguna conferencia sectorial con los consejeros para analizar o consensuar la ley”, sentenció.