La falta de vivienda pone en peligro los planes de futuro de las nuevas generaciones

Los precios de las viviendas no darán tregua ni este año, ni el que viene ni en el medio plazo. Es más, todos los expertos apuntan a más subidas ligadas a la combinación de falta de oferta y fuerte demanda que domina el mercado de la vivienda, y que no tendrá suelo ni techo en los próximos años.

Aunque esta problemática viene ya de largo, se ha agudizado desde el año 2021 al agrandarse demasiado el desajuste entre una insuficiente oferta de vivienda

–con un número de apenas 100.000 viviendas nuevas al año– y una demanda del mercado que duplica de largo esa cifra. Esto ha derivado en un tensionamiento del sector, que presiona los precios al alza y dificulta el acceso a la vivienda, situación que ya no se reduce a los jóvenes y a los colectivos vulnerables, sino que ya alcanza a bolsas de población con mayor poder adquisitivo.

El Gobierno se ha limitado básicamente a apostar por la limitación de precios y señalar como malvados propietarios a todo aquel que decide poner un inmueble en el mercado, provocando una preocupante inseguridad jurídica. Las soluciones deben llegar con métodos no coercitivos, con una gestión eficaz del suelo urbanizable, la construcción y rehabilitación de viviendas asequibles, la regulación adecuada del mercado de alquiler –sin victimizaciones ni ajustes de cuentas demagógicos– y el desarrollo de políticas de financiación sostenibles. Todo ello contribuiría a un mercado inmobiliario más equilibrado y justo.

Así lo creen organismos, instituciones, plataformas, patronales y servicios inmobiliarios consultados por LA RAZÓN, que apuestan por una solución colaborativa público-privada, junto con una planificación urbana eficaz que asegure un acceso equitativo a la vivienda. Pero para eso hacen falta incentivos fiscales reales –no avales centrados en la demanda, que tienen una eficacia reducida, un coste para las arcas públicas y presionan los precios al alza–. También que se fomente la construcción, tanto de oferta impulsada por las diferentes Administraciones como por las empresas privadas.

En el último lustro deberían haberse iniciado al menos 100.000 viviendas nuevas adicionales por año, una cifra que podría elevarse hasta las 150.000 si no existieran tantas restricciones burocráticas que impiden la inversión.

Especialmente preocupante es la situación de los jóvenes, abocados a una alta tasa de desempleo y a una precariedad laboral que agravan su situación, obligándoles a compartir piso o a vivir con sus padres más tiempo del deseado, lo que retrasa su emancipación, impide buena parte de su desarrollo personal y profesional, y pone en peligro el futuro de la propia sociedad española, que necesita más que nunca una reversión de la pirámide poblacional si no queremos asistir a su colapso social a largo plazo, al privar a las nuevas generaciones de su plan de futuro.