Aunque, en la práctica, la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea viene condicionada por una reglamentación interna que deja poco lugar a extravagancias, lo cierto es que el país turnante, además de cumplimentar los expedientes políticos ya acordados, puede imprimir un estilo propio al órgano rector, planteando nuevas prioridades y líneas de actuación al conjunto de los socios comunitarios.

Es lo que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una declaración programática, pretendidamente aséptica a efectos de la política interna, pero que dejó en el aire notables interrogantes.

El primero, como es lógico, referido al protocolo a seguir si, como anuncian las encuestas, se produce un relevo en La Moncloa, pero, también, si el cambio de titular supone la asunción de las prioridades planteadas por su antecesor. Pedro Sánchez excusó cualquier respuesta en el hecho de que nos hallamos en período electoral, bajo la neutralidad que determina la Junta Electoral Central, vía de escape, en este caso, pintiparada, pero que hubiera podido solventar señalando lo evidente: que la presidencia rotatoria corresponde a España, como Estado, y no al titular del gobierno, que es su mero representante.

La otra cuestión era de más compleja respuesta, porque, pese a las afirmaciones de los responsables gubernamentales más directamente concernidos, no parece que la organización de la presidencia haya sido ese «ejercicio de participación en la integración europea que va más allá de la Administración General del Estado y que debe implicar a las Cortes, las Comunidades Autónomas y Entes Locales, el mundo académico y la sociedad civil», como reza la página oficial de la comisión preparatoria. Al menos, entre las diferentes formaciones políticas, especialmente el Partido Popular, no hay demasiada conciencia de que el Gobierno haya tenido en cuenta otras opiniones que no fueran las propias.

No se trata, por supuesto, de entrar a analizar el contenido de las prioridades planteadas por La Moncloa, lógicamente generales y con las que cualquiera puede estar de acuerdo mientras no se pongan sobre la mesa las medidas concretas para llevarlas a cabo, por ejemplo, el recurso a políticas arancelarias para proteger la industria europea, sino de lamentar la sospecha de que Pedro Sánchez hubiera planteado su presidencia del Consejo de la UE como un vehículo para reforzarse personal y políticamente ante la cita electoral de diciembre. El adelanto de los comicios, en una estrategia discutida, pero no fuera de lugar, ha trastocado esos planes, si bien su repercusión entre nuestros socios será muy menor. Ha ocurrido más veces y los mecanismos europeos están preparados para gestionar este tipo de situaciones. Al fin y al cabo, como señalábamos al principio, la presidencia europea la ostenta España.