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Editorial

Consecuencias de una mala reforma laboral

la mayoría de quienes crean empleo lo hacen bajo la presión de una fiscalidad que castiga el empleo de manera desproporcionada y condicionados por una legislación laboral que invita a la incursión por los márgenes del sistema.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. MariscalEFE

El mercado de trabajo en España, como demuestran los datos de contratación referidos al pasado mes de abril, da síntomas de agotamiento y, lo que es peor, registra una caída de la productividad por el recurso a fórmulas de empleo «imaginativas» que tratan de disimular la inestabilidad en la que viven muchos de los trabajadores en España.

Sin descartar que, como en cualquier sociedad, existan empresarios desaprensivos, lo cierto es que la mayoría de quienes crean empleo lo hacen bajo la presión de una fiscalidad que castiga el empleo de manera desproporcionada y condicionados por una legislación laboral que invita a la incursión por los márgenes del sistema. No deja de ser sorprendente que los mismos que empujan a empleadores y autónomos al borde de la legalidad luego se indignen porque han aumentado un 60 por ciento los despidos de trabajadores que no han pasado el periodo de prueba, por citar un ejemplo de la disfunción que ha traído la reforma laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz.

Baste con señalar que de cada diez contratos indefinidos que se firman en este país, sólo uno tiene tal condición, es decir, que la relación laboral permanece en el tiempo, o que el incremento de afiliados a la Seguridad Social, que provoca grandes muestras de satisfacción en los sectores gubernamentales se debe al creciente pluriempleo, puesto que los afiliados se suman de acuerdo a los contratos que firma cada trabajador, para descubrir las trampas estadísticas con las que se oculta el verdadero estado de nuestro mercado laboral.

Con un problema añadido, que la estructura productiva española, con la industria turística como uno de sus principales rubros, aconsejaba no penalizar la contratación de temporada, pero pesó más el prejuicio ideológico, hasta dejar en papel mojado el concepto de «contrato indefinido». Hoy, el 57,9 por ciento de los empleos son a tiempo parcial o bajo la modalidad del «fijo-discontinuo». Y lo mismo reza para los sucesivos incrementos generales del Salario Mínimo Interprofesional: de los empleos destruidos, 200.000 pertenecían a sector de empleadas del hogar, la agricultura o los servicios públicos. Los hechos, tozudos, revelan que el gobierno de coalición legisla sin tener en cuenta la realidad sobre la que opera, error conceptual que provoca efectos indeseados.

Porque en España, con la mayor tasa de paro de la Unión Europea, se da la paradoja de que faltan trabajadores para cubrir unas ofertas de empleo mal pagadas en relación con el coste básico de la vida, fundamentalmente, porque la parte del león de la inversión empresarial se dedica a pagar los costes fiscales con los que se grava el trabajo, que no han dejado de incrementarse y a los que hay que sumar la larga lista de impuestos y tasas que soporta estoicamente cada ciudadano.