La connivencia se llama estado de derecho

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos presta declaración en el Tribunal Supremo como investigado por presunta organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en relación con el caso Koldo. Testifica de manera voluntaria, aunque con el suplicatorio en ciernes, con el propósito de rebatir las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama, reconocido como estrecho colaborador por el propio Ábalos, al que situó como pieza clave de una trama corrupta en el Gobierno y en el PSOE. Veremos el calado y la consistencia de sus explicaciones en el Alto Tribunal para convencer o no de que las declaraciones auto inculpatorias de Aldama constituyen un monumental montaje, una farsa colosal enhebrada con el propósito exclusivo de abandonar la prisión en la que estuvo recluido. El exministro, que, por supuesto, está en su derecho de reivindicar la presunción de inocencia, parte, se quiera o no, con la desventaja sustancial de que tanto el Instructor como la Fiscalía dieron la suficiente veracidad a la confesión del comisionista y a las pruebas aportadas y a otras comprometidas como para dotarlo del estatus de colaborador con la Justicia y ponerlo en libertad. El timbre de la verdad y la credibilidad corresponde a la versión aportada por el denunciante, que se atribuyó además su papel en notorios delitos, y no en el denunciado, al menos en este instante procesal. En el plano político, a la espera de que la verdad judicial se abra camino, el sanchismo, y no solo Ábalos, se sentará en el Tribunal Supremo. Hay que insistir en que el exministro no era un cualquiera, sino la mano derecha del presidente en el gabinete y en el PSOE. Su hombre de máxima confianza, del círculo de poder. Resulta imposible desligar los escándalos de Ábalos de Sánchez, con quien despachaba o hablaba cinco o seis veces al día como mínimo. El testimonio de hoy servirá también para refrendar o refutar el acuerdo de no agresión, o de control de daños, entre el líder y el que fuera su acólito, y, sobre todo, si la ley del silencio está en vigor o esto es un sálvese el que pueda. De sus manifestaciones públicas no podemos inferir que esté lo suficientemente convencido de tirar de la manta. El presidente, por su parte, redobló ayer su estrategia del fango y la mentira institucionalizados. Hace tiempo que sobrepasó el punto de no retorno en lo moral y lo honroso, pero no debemos normalizar que el jefe del Gobierno que nos representa a todos los españoles aceche y conspire en una guerra sucia sin cuartel contra los jueces y la oposición. Hablar de connivencia, es decir, de conspiración de los togados y el PP, que «juegan con las cartas marcadas», sin aportar una prueba, es el discurso de un populista y un autócrata, pero no el de un demócrata respetuoso con la división de poderes y la soberanía nacional. Lo que Moncloa difama como contubernio se llama estado de derecho en defensa del imperio de la Ley y en el ejercicio del deber de perseguir el abuso de poder, la corrupción y los delincuentes.