No son las togas, es la chapuza del Gobierno

Comienza a ser muy preocupante que el Gobierno se haya instalado en la idea de que todos los demás se equivocan o, lo que es peor, que actúan desde una disimulada animosidad hacia la absoluta brillantez de su gestión. No de otra forma cabe entenderse la pretendida modificación de la malhadada ley del «sí es sí», que, en la práctica, presupone que los jueces y magistrados españoles, profesionales del Derecho, no se habían leído o no habían entendido la disposición transitoria de la reforma del Código Penal de 1995, relativa a la calificación de las penas, o no han querido aplicarla, con evidente malicia, pese a la doctrina del último fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz.

De ahí, que insista el legislador –a través de una adenda a la exposición de motivos de la reforma impulsada por la ministra Irene Montero– en el recordatorio de que la norma más beneficiosa no presupone las rebajas de penas, siempre que estas sean imponibles también con la nueva legislación, interpretación, cuando menos, dudosa, porque choca con principios muy arraigados en el derecho de gentes sobre el mejor beneficio del reo. En realidad, lo que para el inefable portavoz socialista, Patxi López, es «un toque de atención a los tribunales para que no me vayan por ahí», expresión que se compadece muy poco con el respeto a la separación de poderes, no es más que la enésima demostración de que no hay salvaguarda, procedimiento o argumento que valga cuando se trata de atender a los intereses políticos del Gobierno.

Y es así, porque cuando se abría paso la evidencia de que el engendro jurídico del Ministerio de Igualdad –con más de medio centenar de rebajas de pena o excarcelaciones de delincuentes sexuales en sus dos meses de vigor– necesitaba una corrección meditada, han primado las prisas del Gobierno para sacar adelante sus acuerdos con los nacionalistas catalanes de ERC, que afectan gravemente al Código Penal, sin esperar siquiera a las recomendaciones del Tribunal Supremo. El resultado es este maquillaje por la puerta de servicio de la dichosa ley, sin otros efectos prácticos que llevar las distintas interpretaciones que puedan hacer jueces y magistrados al terreno de la confrontación política e ideológica, que es en el que, al parecer, mejor se desenvuelven los miembros del actual Ejecutivo.

Otra cosa no, pero si en las modificaciones legales que afectan a la sedición y a la malversación, paradigma del «derecho penal de autor», se actúa con la misma finura jurídica que en la ley del «sí es sí», podemos augurar grandes tardes de gloria entre los políticos legislantes y los jueces actuantes, ante una opinión pública atónita, pero que, como ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está al cabo de la calle de lo que está sucediendo, y no parece que le guste demasiado.