El Ministerio de Trabajo también quiere tomar parte en las decisiones empresariales sobre los despidos que, «en un porcentaje muy significativo, se adoptan a través de sistemas automatizados, que marcan las condiciones de salida, la penalización en términos de incentivos o la promoción profesional. Es necesario garantizar que estos sistemas automatizados tengan supervisión humana y que sean accesibles a los representantes de los trabajadores «para evitar sesgos discriminatorios».

Así lo advirtió ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, como apoyo a las auditorías algorítmicas en las empresas que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó lanzarán en los próximos meses para «incorporar transparencia» en la toma de decisiones de las compañías. Mantiene así la presión sobre empresas, empresarios y patronales, ante los que Díaz volvió a dejar claro que su presión se va a redoblar lo que queda de legislatura tras confirmar que el Ministerio liderará el uso de la IA y las citadas auditorías algorítmicas.

Según explicó, se basan en descifrar las fórmulas matemáticas que utilizan algunas compañías que penalizan a trabajadores que, por ejemplo, se encuentran enfermos o se suman a una huelga. «Muchos empleados tienen que saber que hoy pueden estar siendo penalizados o cobrando incentivos menores, sencillamente porque es un algoritmo que tiene un sesgo a favor de la empresa que los penaliza».

Asimismo, la ministra confirmó también que ofrecerá «formación algorítmica» en las empresas a los representantes sindicales –a los que utilizará como avanzadilla de sus intervenciones empresariales–, al igual que ya se hizo con las normas de emergencia climática y los llamados «permisos climáticos» –rechazados de plano por la CEOE–. También adelantó que se incorporarán indicadores de vulnerabilidad para empleados que sufran estrés laboral, patologías psiquiátricas o problemas de salud mental derivados de su trabajo. Toda una batería de medidas para seguir cercando a las empresas y que no puedan saltarse ninguna normativa laboral.

Díaz aprovechó para advertir de nuevo que el rechazo de los empresarios a la reducción de la jornada laboral no frenará su aprobación. «Vamos a cerrar en cinco o seis meses un acuerdo con los sindicatos e, inmediatamente, va a pasar todo el trámite administrativo por vía de urgencia».

Desde los sindicatos de la Inspección de Trabajo ya advierten de que su aplicación «será imposible con los recursos actuales. Estamos al límite y si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo. Díaz ha incumplido todas sus promesas».