En el año 2022, se produjeron 84.551 rupturas matrimoniales, un 6,7% menos que en 2021, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Del total, el 96,2% de los casos fueron divorcios y el 3,8%, separaciones. Aunque las rupturas conflictivas hacen mucho ruido, la mayoría (80%) son de mutuo acuerdo. No obstante, si ve envuelto en un divorcio tortuoso y durante el proceso su expareja se niega a pagar la hipoteca de la vivienda en común porque, probablemente, se ha trasladado, debe saber que se expone a perder el inmueble.

Así lo advierte Rocío Ocaña, abogada y socia de Marín & Mateo Abogados, en declaraciones recogidas por el portal inmobiliario Idealista. "En préstamos hipotecarios conjuntos, la deuda es solidaria, lo que significa que, aunque ambos sean copropietarios, el banco puede exigir el pago completo. Ignorar este compromiso podría desencadenar procedimientos legales, incluso el desahucio en situaciones extremas", señala.

Para evitar este escenario, la experta plantea dos alternativas: la venta de la propiedad y la liquidación de la hipoteca o realizar ajustes para que un solo titular asuma la cuota. No obstante, esta última opción no siempre es factible, ya que las entidades financieras pueden rechazar modificaciones debido al aumento del riesgo financiero.

En el caso de verse obligado a asumir el pago de la hipoteca en solitario para evitar que le embarguen la vivienda, el régimen del matrimonio (gananciales o separación de vienes) es clave para exigir responsabilidades al miembro que incumple con los pagos.

"En situaciones de separación de bienes o parejas de hecho, se recurre a la acción de repetición o reembolso, permitiendo no solo la recuperación de pagos indebidos, sino también la exigencia de intereses correspondientes", recoge Idealista en base a las declaraciones de la abogada.

Para recuperar las cantidades adeudadas por el miembro de la pareja que se negó a seguir pagando su parte de la hipoteca, existe un plazo de cinco años, aunque en la práctica este período puede extenderse debido a la naturaleza continua de la obligación. La abogada también enfatiza que, en ausencia de fondos, los procedimientos legales pueden conducir al embargo de otros bienes, incluso la parte de la vivienda objeto de la reclamación.