Arranca el caos normativo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la derogación de los dos reales decretos que fueron tumbados ayer en el Congreso: el del gravamen energético y el llamado decreto ómnibus, en el que se contemplan medidas como la subida de las pensiones para este año, las ayudas al transporte, la prórroga del escudo antiopas, así como la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables y otras ayudas para las personas afectadas por la DANA. Estas son todas las medidas que han decaído tras el fracaso del decreto ómnibus.

Revalorización de las pensiones en enero, pero no en febrero

La nómina de las pensiones de enero recogerá la subida de 2025 al haber estado la norma vigente hasta ayer, pero en febrero, si el Gobierno no presenta un nuevo decreto a tiempo, las prestaciones bajarán y volverán a las cuantías de 2024.

El Gobierno aprobó el pasado diciembre un incremento de las pensiones con carácter general del 2,8% para 2025, conforme al IPC, y la subida de las más bajas de entre un 6% y un 9%, por encima de la subida de los precios.Esto suponía que las pensiones mínimas aumentaran cerca de un 6%, y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizaran un 9%.

No obstante, la revalorización de las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares se fijaba en el 9,1%. El real decreto que ha decaído también incluía la revalorización del 6% de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y del 8,1% del complemento para la reducción de la brecha de género.

PP y Junts ya ha anunciado que apoyarán al Gobierno si presenta un decreto que recoja exclusivamente la revalorización de las pensiones para 2025. Asimismo, el Partido Popular ha registrado una proposición de ley para revalorizar las pensiones y ha instado al PSOE a apoyarla.

Triple subida de las cotizaciones, congelada

El decreto también subía la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en una décima, del 0,7% al 0,8%, con una distribución del 0,67% a cargo del empresario y del 0,13% del trabajador. Un incremento que no implica una mejora de la pensión futura de los cotizantes, ya que estos recursos se dotarán al Fondo de Reserva para pagar las pensiones de las tres próximas décadas.

También queda suspendida la aplicación de la cuota de solidaridad para los salarios que superen la base máxima de 4.909 euros mensuales (58.908 euros al año), tras revalorizarse un 4% respecto a 2024, este aumento de la base máxima de cotización a 4.909 euros tras introducirse su destope (IPC, del 2,8%, y un 1,2% adicional), y la subida de la pensión máxima hasta los 3.267,60 euros al mes.

Descuentos al transporte, inexistentes desde hoy

De igual modo, decaen las ayudas al transporte, que habían sido prorrogadas al menos para los seis primeros meses de este año. De esta forma, los abonos de los trenes de Cercanías, de media distancia y el resto de transportes de titularidad estatal, como los autobuses interurbanos, recuperan sus precios habituales a partir de este jueves. No obstante, varias comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León o Baleares, y ayuntamientos han anunciado que las mantendrán, asumiendo la totalidad del coste, a la espera de los siguientes pasos del Gobierno.

Salario Mínimo, de vuelta a 1.080 euros

De igual manera, con la caída del decreto ómnibus, el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros al mes en 14 pagas, debido a que el real decreto también incluía la prórroga del alza del SMI de 2024. Esta situación se mantendrá previsiblemente hasta que se acuerde una nueva alza para el salario mínimo de 2025, algo que actualmente están negociando los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo.

No obstante, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a los más de dos millones y medio de trabajadores que cobran el SMI, porque desde el Ministerio "cerrarán" todas las posibilidades para que la falta de prórroga no tenga efecto. "Nadie va a tener una repercusión negativa, porque, en el caso de que así fuera, nos comprometemos a paliarla inmediatamente a través del carácter retroactivo del Real Decreto del salario mínimo interprofesional para el 2025".

En un inicio, Trabajo afirmó que la caída del decreto conllevaba la desaparición del SMI, asegurando que las nuevas contrataciones que no tienen un convenio de referencia y, por tanto, un salario mínimo sectorial, no tendrían un SMI al que acogerse.

Extensión del bono social eléctrico y corte de suministros, sin efecto

También deja de ser efectivo el acuerdo de prolongar medidas del escudo social vigente para los consumidores vulnerables en materia de energía, como la prórroga de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, así como la prórroga de la situación de excepcionalidad del bono social de la luz destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que se reforzó para dar respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.

Se abre la veda a opas sobre empresas estratégicas

Asimismo, el blindaje a empresas estratégicas, conocido como "escudo antiopas", queda sin efecto. Se trata de una medida que deja en manos del Ejecutivo la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

Otra vez se pueden efectuar desahucios a hogares vulnerables

La protección aprobada por el Gobierno para evitar los desahucios de las familias más vulnerables ha decaído hoy jueves con el decreto ómnibus. El texto contemplaba la prórroga de la paralización de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025 por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 y para quienes habiten sin título una vivienda que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. El decreto también recogía la posibilidad de solicitar compensación por parte del propietario hasta el 31 de enero de 2026 si la Administración y los servicios públicos no encontraban una alternativa habitacional en un plazo de tres meses.

Medidas fiscales

Entre las medidas fiscales que decaen destaca la prórroga de las deducciones en el IRPF en materias relacionadas con la eficiencia energética y el vehículo eléctrico o el retraso de la entrada en vigor del nuevo impuesto a los cigarrillos eléctricos.

La reforma fiscal aprobada por las Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye un nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, con efectos desde 1 de enero de 2025.

Sin embargo, el Gobierno había decidido retrasar la entrada en vigor de este nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos hasta el 1 de abril de 2025 "para dar un mayor margen a la adaptación de esta figura tributaria", aunque ahora queda sin efecto.

Asimismo, pierden validez otras prórrogas fiscales: las deducciones en eficiencia energética de viviendas y adquisición de vehículos eléctricos hasta finales de 2025, la libertad de amortización en inversiones con energías renovables para el ejercicio 2025 en el Impuesto sobre Sociedades, y ajustes técnicos en el impuesto sobre el margen de intereses para entidades financieras afectadas por gravámenes temporales.

También se anulan cambios en el impuesto de plusvalía, la actualización de entregas a cuenta para 2024, y el régimen excepcional de endeudamiento para comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, para afrontar gastos derivados de la DANA.

Otras medidas que caen incluyen el incremento de 1.500 a 2.500 euros en el límite de ingresos de segundos pagadores para declarar el IRPF, la prórroga de los límites del método de estimación objetiva para autónomos (excepto actividades agrícolas, ganaderas y forestales), y la extensión de los regímenes simplificados y especiales de IVA en 2025.