Sareb, la sociedad pública creada en el año 2012 para liquidar los activos tóxicos de las entidades financieras vinculados a promotores inmobiliarios heredados de la crisis financiera de 2008, tiene entre sus inquilinos a un buen puñado de «okupas hostiles» que se niegan a abandonar algunas de las viviendas que habitan sin tener derecho a las mismas. En concreto, la sociedad ha identificado 3.600 viviendas en las que residen familias no vulnerables o que no quieren colaborar, por lo que la compañía ya ha activado los procedimientos para recuperar la posesión de estas viviendas. Así lo explica el presidente de Sareb, Javier Torres, en un artículo incluido en la última revista del IEE, el «think tank» de la CEOE.

Torres explica en el artículo que aproximadamente el 40% de las viviendas que recibe la sociedad ya tienen inquilino. Sareb está obligada a subrogarse en los contratos de alquiler legítimos y vigentes. Pero para el resto, y en el marco del nuevo enfoque hacia la utilidad social y sostenibilidad que le encomendó el Gobierno el año pasado cuando el Estado, a través del Frob, se convirtió en el principal accionista de la compañía; la sociedad lanzó en julio de 2022 el Programa de Alquiler Social con Acompañamiento. Mediante esta iniciativa, Sareb realiza a cada residente sin título un «scoring» o evaluación de su eventual grado de vulnerabilidad. En el caso de que resulte positivo, ofrece a la familia la suscripción de un contrato de alquiler social sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos topando la renta del alquiler para que esta no supere el 30% de sus ingresos. Estas familias, además, deben acogerse a un plan de acompañamiento social.

Recuperación

En el caso de las familias que no resultan ser consideradas vulnerables o que tras varios intentos no colaboran con los trabajadores sociales de Sareb, se promueve la recuperación de la vivienda. Torres asegura a este respecto que, «en un 80% de los casos, se realiza de forma amistosa, recurriendo en el resto de los casos a los tribunales de justicia aplicando procedimientos muy garantistas y pautados, aprovechando toda la información y la traza de las gestiones realizadas. Esto último deberá reducir la suspensión de los procedimientos de lanzamiento».

Torres asegura que los resultados del plan están siendo muy positivos y que a los doce meses de su lanzamiento tenían ya 6.000 contratos de alquiler social formalizados o autorizados y otros 1.000 en estudio. Al mismo tiempo, añade que «hemos identificado 3.600 viviendas en las que residen familias no vulnerables o que no quieren colaborar, por lo que ya hemos activado los procedimientos para recuperar la posesión de estas viviendas».

El presidente de Sareb considera que el programa no solo beneficia a las familias vulnerables, sino que también es una iniciativa positiva para la propia entidad dado que una vez que se suscriben los contratos de alquiler social, cuya renta promedio en su etapa inicial se sitúa en el entorno de los 200 euros al mes, Sareb empieza a percibir ingresos que son suficientes para cubrir los gastos, así como el coste de los trabajadores sociales, dejando un saldo residual modesto, aunque positivo.

Torres también aborda en su artículo el ofrecimiento a las administraciones públicas de las viviendas de las que dispone Sareb para construir un parque social público. El presidente de la entidad rechaza que las viviendas de Sareb se hallen ubicadas en localizaciones que no resultan de interés y/o que se encuentran en unas condiciones físicas no idóneas. «Rechazo esas manifestaciones y el hecho de que se trate de viviendas que estamos vendiendo con total normalidad es la mejor prueba para refutarlas». A este respecto, Torres asegura que Sareb mantiene «conversaciones fluidas con algunas comunidades autónomas» y el procedimiento habitual es fijar el perfil y la localización de las viviendas que les pueden interesar. «Sareb no vende más viviendas a las administraciones autonómicas o locales por razones de disponibilidad presupuestaria y no por su estado, características o ubicación», asegura con rotundidad.

El mayor vendedor

Al hilo de este argumentario, Torres recuerda que Sareb es el mayor vendedor de viviendas de España con 9.000 unidades anuales vendidas, en promedio, durante 2021 y 2022 a través de canales minoristas, lo que equivale a 175 viviendas a la semana. Y estas viviendas que Sareb vende a miles de ciudadanos son las que no compran las administraciones por sus limitaciones presupuestarias, remacha Torres para cerrar su círculo argumental.

El presidente de Sareb recuerda también que, para afrontar la emergencia habitacional a la que se enfrentan en este momento muchas familias por la escasa oferta de vivienda social, la sociedad dispone de un parque de unas 21.000 viviendas libres terminadas que son susceptibles de ser utilizadas de inmediato (unas 9.000 viviendas) o en un breve plazo de tiempo tras la realización de ciertos trabajos de adecuación física o documental (las 12.000 restantes). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en abril la movilización de 50.000 viviendas de Sareb para alquiler social entre las que estarían incluidas estas unidades.