Santander valora compensar a algunos pequeños accionistas

La entidad estudia fórmulas para mantener como clientes a quienes acudieron a la última ampliación de capital y tenían, además, depósitos.

Banco Santander espera tener lista para la próxima semana una solución para los accionistas de Banco Popular que además fueran clientes a fecha 6 de junio pasado y que acudieron a la última ampliación de capital de la entidad de junio del pasado año, por importe de 2.500 millones de euros. La solución, que estaría limitada al campo comercial, busca mantener el mayor número de clientes posibles de la entidad, muy especializada en pequeñas y medianas empresas.

Fuentes próximas a la entidad han indicado que se trata de que los clientes de Popular que acudieron a la ampliación de capital sigan manteniendo la vinculación con Santander una vez que se llevara a cabo la compra, por un euro, de la entidad que presidía Emilio Saracho. La intención es no tener clientes que además de haber perdido su inversión con la resolución instada por el Banco Centra Europeo, estén descontentos. En las dos semanas previas a la caída del banco, los clientes de Popular llegaron a sacar más de 15.000 millones de euros que mantenían depositados lo que obligó a la Junta Única de Resolución a solicitar ofertas urgentes al resto del sistema financiero español para que las sucursales pudieran abrir sus puertas como si nada hubiera pasado.

Hace justamente una semana, los principales representantes de Banco Santander en España se reunieron con el equipo directivo de Banco Popular para transmitir tranquilidad en el traspaso de poderes, después de que en la misma mañana del 7 de junio Santander relevara al consejo de administración y nombrara a un nuevo, con cinco miembros, encabezado por José García Cantera como presidente.

Banco Santander aún no ha comunicado si esa «compensación» a los pequeños accionistas de Popular que acudieron a la última ampliación de capital de 2.500 millones y que, además, eran clientes de la entidad incluye a los 10.500 trabajadores de Popular. El 75% de la plantilla de la entidad es también accionista de la misma, según indicaron ayer fuentes sindicales del sector financiero a este diario.

La «presión comercial» para colocar esos 2.500 millones de euros el pasado verano llevó a la inmensa mayoría de la plantilla a poner capital para garantizar la buena marcha de la entidad y salvaguardar los puestos de trabajo. En las zonas de mayor implantación de Banco Popular, la práctica totalidad de la plantilla acudió a las ampliaciones de capital que realizó la entidad, 47 desde 2008 con la emisión de 10.000 millones de acciones nuevas.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) valoró «positivamente» el anuncio de Santander. Para los accionistas minoritarios, se trata de una «medida importante para aliviar el daño económico y moral» sufrido por los accionistas de la entidad adquirida por Santander tras entrar en resolución.

No obstante, la asociación señaló que, «con independencia de que Banco Santander compense de alguna forma a los accionistas de Banco Popular que han perdido toda su inversión», plantea «la exigencia de responsabilidades administrativas, civiles y penales a todas las personas físicas y jurídicas que hayan contribuido a ocasionar el daño».

La asociación destacó la necesidad de investigar «las actuaciones realizadas en los últimos meses por los responsables del Banco Popular, cuando estaba presidido por Saracho», así como los «ataques especulativos» que provocaron la caída de la acción.

En este sentido, Aemec anunció que seguirá adelante con la demanda presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional contra los gestores de la entidad bancaria, entre los que se encuentra, además de Saracho, el inversor mexicano Antonio del Valle, uno de los mayores accionistas.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Asuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, consideró que el anuncio no es «casual». «Santander no es un banco al que le guste estar en tribunales, cuida mucho su reputación», señaló.

Por ello, después de lo que sucedió con Bankia, a la que «tras 70.000 demandas y dos sentencias del Tribunal Supremo no le quedó más remedio que devolver el dinero», en la entidad presidida por Ana Botín «tienen claro que ese camino supondría un importante desgaste de la marca Santander».

En la asociación de consumidores Adicae suscribieron esta interpretación, al considerar que el anuncio es un «vago globo sonda» que «se asemeja más a una operación de marketing reputacional que a un compromiso efectivo para dar una respuesta justa a los cientos de miles pequeños ahorradores accionistas del Popular».