Puente admite que las prácticas de contratación del "caso Koldo" no fueron las más pulcras y que será difícil averiguar si hubo "mordidas"

Óscar Puente ha puesto en marcha toda la maquinaria del Ministerio de Transportes para determinar si hubo personas como Koldo García, antiguo colaborador de José Luis Ábalos cuando estaba el frente del ministerio, que se lucraron de forma indebida con la compra de mascarillas durante los momentos más complicados de la pandemia. No obstante, el ministro de Transportes considera que no va a ser fácil alcanzar su objetivo de determinar "mordidas", cobros ilegales por intermediar en la compra del material.

Puente ha asegurado en una comparecencia ante los medios que ha ordenado una auditoría en profundidad y sin límites sobre los contratos de suministro de mascarillas firmados en marzo de 2020 por Adif y Puertos del Estado con la empresa Sociedad de Gestión, la empresa vinculada a Koldo García, sobre los que penden sospechas.

Puente ha explicado que la auditoría será dirigida por la Inspección General de Servicios "que tiene neutralidad e independencia en este asunto, puesto que está formada por funcionarios de carrera que no son parte del Gobierno". La Inspección, ha detallado, podrá realizar requerimientos masivos de la documentación que precise y hacer todas las entrevistas que considere necesarias. Transportes, además, ha remitido un oficio a todos los organismos dependientes del ministerio para que confirmen que no se han firmado con Sociedad de Gestión más contratos.

Una vez esté disponible la auditoría, Puente ha explicado que sus resultados se remitirán a las comisiones de investigación parlamentarias que se hayan constituido, a los órganos judiciales correspondientes y a la opinión pública.

El ministro ha querido dejar claro que detectar posibles "mordidas", y no otro, va a ser el principal objetivo de la comisión. En este sentido, ha explicado que aunque los contratos podían estar bien a pesar de haber sido realizados por el procedimiento de urgencia, que tiene controles más laxos, eso no excluye que haya gente que cobrase "mordidas". "Las prácticas contractuales no fueron las más pulcras. Pero lo relevante es si alguien se llevó dinero por venderle comisiones a la administraciones", ha añadido. "Este Gobierno y este ministro entienden que cualquier intento de enriquecimiento con comisiones merece reprobación y reproche. Quién la hace, la paga", ha advertido.

Tribunal de Cuentas e IGAE

A este respecto de la corrección de los contratos pese a su método de asignación, Puente ha explicado que tanto el Tribunal de Cuentas como la Intervención General del Estado (IGAE) los auditaron en su día y no encontraron irregularidades lo que no excluye la cuestión del cobro de comisiones ilegales. El Tribunal de Cuentas determinó no sólo que Adif y Puertos del Estado compraron las mascarillas más baratas sino también que el reparto se realizó siguiendo las instrucciones de la Subsecretaría del ministerio, de la que partió la orden de compra, y que llegaron en su totalidad y se repartieron correctamente entre el personal.

Puente quiso aprovechar también su comparecencia para asegurar que, en este momento, no hay seis personas vinculadas al ministerio o a sus empresas satélites implicados en la trama. Según el ministro, el único implicado que sigue trabajando en el departamento es el hermano de Koldo García, Joseba García, que trabaja en la compañía Emfesa y que, como detalló, fue detenido mientras trabajaba el Vitoria y luego puesto en libertad.

Respecto a Ábalos y su posible implicación en el asunto, Puente ha deseado que no le salpique, pero también ha explicado que tiene una responsabilidad política por no haber vigilado de forma correcta las prácticas de Koldo García y, por ello, debería haber dejado su acta de diputado. El ministro ha afirmado que "para él [Ábalos], lo importante es no acabar su trayectoria como un corrupto. Y nadie en el PSOE le acusa de corrupción. Es más, mi sensación es que tendría que ver que Ábalos ha metido la mano. Pero no es eso lo que se dirime. Hablamos de responsabilidad política".