Los empresarios acusan al Gobierno de romper el diálogo social al incluir "actores afines a sus intereses"

El hilo que une a las patronales con el Gobierno a través del diálogo social es cada vez más fino y está a punto de quebrarse tras el último paso dado por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez sobre la composición del CES y por "ahondar en la deriva intervencionista" al dar prevalencia a los convenios colectivos autonómicos y provinciales. La patronal empresarial CEOE, la de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, y de los autónomos, ATA, han acusado al Gobierno de "forzar" la entrada en el diálogo social a "actores afines a sus intereses" y de querer "romperlo", tras "colar" en la reforma del subsidio por desempleo medidas la modificación del reglamento cabida en el Consejo Económico y Social (CES) a las organizaciones empresariales autonómicas más ligadas al PSOE, a Sumar y al independentismo, como Pimec, integrada en Conpymes, la organización que apoya y promociona la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

A través de un comunicado, las tres patronales denuncian que el Gobierno "sigue ahondando en la deriva intervencionista que hace mucho tiempo venimos denunciando en el ámbito de las relaciones laborales, al modificar sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores". También cargan con un Ejecutivo que "lo ha vuelto a hacer, saltándose la obligada consulta en el diálogo social, tal y como mandata el artículo 7 de la Constitución, del mismo modo que ha hecho con numerosas normas en los últimos meses, de nuevo socavando la autonomía de las partes y sin tener como objetivo el interés general y la prosperidad económica del país". Además, ahondan en que "más allá de las formas, en la práctica esta medida atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional, en dirección contraria precisamente de los esfuerzos que a nivel europeo se están desarrollando para reforzarla como elemento fundamental de la futura competitividad de la UE y de España".

Las tres asociaciones acusan directamente al Ministerio de Trabajo de estar "deliberadamente" vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral, "en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual". Por ello, consideran que es una cuestión "especialmente grave" porque la reforma laboral constituyó un hito del Plan de Recuperación "que sirvió para atraer cuantiosas cantidades de dinero a España".

En su nota, también señalan que el Gobierno ha incluido en la norma de reforma del subsidio que modificará el CES para que entren en su consejo las organizaciones empresariales más representativas en cada comunidad autónoma, como es el caso de la catalana de corte independentista Pimec y, por tanto, de Conpymes. El Gobierno ha dado tres meses al Pleno del CES, hasta el próximo 22 de agosto, para modificar su reglamento de funcionamiento interno a fin de incluir en su composición, dentro del grupo de los empresarios, "a las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma". Así se recoge en una de las disposiciones del Real Decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Igualmente, Foment del Treball acusó a Pedro Sánchez de "autoritario y filibustero" por "dinamitar" el diálogo social otorgando prioridad a los convenios autonómicos y provinciales por encima de los estatales y sectoriales. Según la patronal catalana, el Ejecutivo dinamita "conscientemente" el diálogo social, una de las "herramientas de cohesión más valiosas que tiene este país" y sus acciones le llevan a pensar que su intención es "legislar contra los empresarios". Foment considera que esta "política de hechos consumados" es "especialmente lesiva" para la actividad económica, ya que "se impone sin negociar, no solo porque no cumple con la legalidad sino que hace imposible la confianza basada en la buena fe".

Las patronales consideran que esta medida es "incomprensible" la actitud del Gobierno "de querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses, como se ha vuelto a ver en el mismo real Decreto-ley de este martes, con los cambios en el reglamento del CES" con este cambio en la representatividad empresarial. Pese a todo, mantienen los canales abiertos, "de momento", para poder ofrecer a la sociedad el "necesario clima de entendimiento y convivencia y las mejores soluciones posibles a los problemas reales" desde el trabajo conjunto en las mesas de diálogo social y desde la autonomía de las partes en la negociación colectiva. "Seguimos con la mano tendida", concluyen.