Las okupaciones se han disparado en España un 63% en los últimos cinco años. 17.274 casos frente a los 10.619 contabilizados en 2017, según datos del Ministerio del Interior recogidos por la Fundación Civismo. Actualmente los propietarios de viviendas se hallan desprotegidos ante un fenómeno en constante expansión y sobre el que no se han producido cambios legislativos de calado desde que en 2018 se acometiera una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Sin duda dicha reforma fue insuficiente», denuncian desde Fundación Civismo.

Aunque es difícil conocer el número exacto de viviendas okupadas en el conjunto de España, algunas comunidades como la de Madrid (CAM) han ofrecido cifras muy precisas y detalladas sobre la cuestión. A principios de 2022 en esta comunidad había un total de 4.500 viviendas okupadas, lo que supone 1,5 viviendas okupadas por cada mil viviendas en la región de Madrid. De dicha cifra cabe destacar el hecho de que 400 son de titularidad pública, pertenecientes a la Agencia de Vivienda Social (AVS), vinculada a la CAM. La CAM pretende desarrollar una base de datos de casas asaltadas tras haber puesto a disposición de los residentes un teléfono de emergencias antiokupas, para dar aviso rápido de las okupaciones y tratar de efectuar un desalojo rápido dentro del marco legal en vigor.

Para el resto de comunidades autónomas, y según datos de Interior, las que presentaron en 2020 una mayor proporción de okupación sobre el parque total de viviendas fueron Cataluña, Canarias, Baleares y Andalucía, según Fundación Civismo. Entre todas ellas, Cataluña presenta las peores cifras con diferencia, registrando 17 denuncias por cada 10.000 viviendas (un 0,002%), multiplicando por diez la cifra de la Comunidad con menor afectación por la okupación (La Rioja). El número de denuncias en esta comunidad se mantenía cercano e incluso ligeramente por encima de las 4.000 anuales desde 2015, siendo lo más sorprendente el aumento registrado entre 2017 a 2020, cuando pasó de 4.123 a 6.647 denuncias anuales, superando a cualquier otra comunidad.

Hay un tipo de okupación que es de las que más ha contribuido a engrosar las cifras durante la crisis: la «inquiocupación»,tal y como ha sido catalogada por varios expertos (Obregón, 2022). Se trata de aquellas personas que acceden a una vivienda a través de un contrato de alquiler y, al poco tiempo de estar viviendo allí, comienzan a no pagar y se niegan a desalojar el inmueble. Este tipo de okupación ha llegado a suponer el 70% del total del aumento de denuncias en los últimos dos años. Ha habido un millón de afectados, contabilizando familias, bancos y fondos de inversión propietarios de dichos inmuebles.

Para acabar con esta lacra, la Fundación Civismo propone un decálogo de medidas, entre ellas: aprobar una Ley que permita el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas; aumentar las penas correspondientes al delito de usurpación de vivienda; prohibir que un inmueble que ha sido okupado pueda ser considerado morada o domicilio, o crear un nuevo delito de instigación y apoyo a la okupación de viviendas.