Durante estos últimos años, la construcción de nueva vivienda ha sido casi inexistente debido a las fuertes restricciones urbanísticas que todavía perpetúan las corporaciones locales.

El reciente encarecimiento del precio de los alquileres y, en consecuencia, del precio de la vivienda, tiene causas fácilmente comprensibles: tras el inicio de la recuperación económica, la renta de los españoles se ha incrementado (sobre todo, entre quienes estaban desempleados y ya no lo están) y, como resultado, su capacidad de endeudamiento con los bancos también lo ha hecho. A su vez, durante estos últimos años, la construcción de nueva vivienda, especialmente en aquellas áreas que concentran una mayor demanda de los ciudadanos, ha sido casi inexistente debido a las fuertes restricciones urbanísticas que todavía perpetúan las corporaciones locales (y que han acentuado los llamados «ayuntamientos del cambio»).

La solución, pues, consiste en facilitar un incremento de la oferta que sacie la creciente demanda, pero desde la izquierda parece apostarse por la búsqueda de chivos expiatorios que les permitan esquivar sus más que ciertas responsabilidades. Después de los pisos turísticos o de las socimis, ahora les ha tocado el turno a los propietarios de pisos vacíos. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, puso recientemente en órbita el globo sonda de que su Gobierno planeaba agravar los impuestos que recaen sobre los inmuebles desocupados para así obligar a sacarlos al mercado y, de esa forma, incrementar la oferta de vivienda. Y, desde luego, resultaría muy pertinente plantearse por qué en España existen tantos pisos vacíos (casi 3,5 millones de viviendas, según el INE, el 13,5% del total) para, acto seguido, tratar de buscar una solución al respecto. A la postre, quien posee un piso vacío está dejando de ganar la renta periódica que podría obtener alquilándolo. ¿Por qué se renuncia a semejante retorno?

Dos respuestas son posibles.

Primera, la enorme inseguridad jurídica a la que se enfrentan muchos arrendadores y que les induce a retener sus inmuebles fuera del mercado.

Segundo, el estado de deterioro en el que se encuentran muchas de esas viviendas y que, en consecuencia, las hace inhabitables. Por consiguiente, para movilizar ese excedente de inmuebles vacíos habría que aumentar la seguridad jurídica de los propietarios y ofrecer desgravaciones fiscales a la rehabilitación.

Sin embargo, desde el PSOE prefieren añadir una nueva sanción al propietario de inmuebles no ocupados (en forma de un recargo en el IRPF o en el IBI) para ver si así termina cediendo y procede a arrendar los inmuebles.

El problema, más allá del error que supone tratar de fomentar el alquiler con palos impositivos en lugar de con zanahorias desreguladoras, es que el alza del coste del arrendamiento en España no se debe esencialmente a la existencia de pisos vacíos. Dos datos bastarán para ponerlo de manifiesto.

Primero, durante las últimas dos décadas, en las que el precio de la vivienda ha aumentado notablemente en Madrid, el número de pisos vacíos no ha aumentado sino que ha descendido (en 2001 era de 178.377; mientras que en 2011, último censo disponible, de 153.000). Segundo, las provincias con menor densidad de pisos vacíos sobre el excedente total de inmuebles son Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava: todas ellas cuentan con menos del 12% de su «stock» de inmuebles desocupados; en cambio, las provincias con mayor densidad son Orense, Lugo y Castellón, con más del 20% de inmuebles desocupados. Claramente, allí donde más se han encarecido el metro cuadrado, menos viviendas vacías restan. El problema es, por consiguiente, otro: el Gobierno, nuevamente, matando moscas a cañonazos.

Los «riders» no son trabajadores por cuenta ajena

Una reciente sentencia del juzgado de lo social número 39 de Madrid ha declarado que los repartidores de aplicaciones como Glovo o Deliveroo no son empleados de estas compañías, sino simplemente autónomos que utilizan tales plataformas para coordinarse con los usuarios finales. En contra de lo que ha venido manifestándose desde múltiples tribunas periodísticas, estos profesionales ni se hallan subordinados a las directrices organizativas de estas compañías (pues ellos mismos pueden decidir cuánto, cuándo y cómo atender pedidos), ni su retribución se encuentra blindada frente a las fluctuaciones de su actividad en el mercado (si atienden un mayor número de pedidos, cobran más; y si atienden un menor número de pedidos, menos). Afortunadamente, el juez así parece haberlo entendido y, por tanto, rechaza socavar el modelo de negocio de estas nuevas realidades empresariales que tantas ventajas les reportan a los consumidores.

Salario mínimo a 1.000 euros

Podemos está gobernando España sin haber llegado al Gobierno. La razón es que el PSOE de Sánchez parece estar dispuesto a otorgarle cuanto reclame para garantizarse su apoyo y así alargar la legislatura. La última ocurrencia de Iglesias ha sido exigir que el salario mínimo interprofesional se eleve hasta los 1.000 euros mensuales (en catorce pagas). Semejante medida infligiría un enorme daño no sólo al tejido productivo, sino que condenaría a multitud de ciudadanos al desempleo: los ciudadanos que fueran incapaces de generar dentro de una empresa un valor superior a 14.000 euros devendrían en inempleables. Debemos recordar que imponer por ley un salario mínimo no equivale a subir los salarios sino a prohibir trabajar a los ciudadanos menos productivos dentro de una economía.

Standard and Poor's advierte

La agencia de calificación Standard and Poor’s ha mantenido el rating de la deuda española en el notable bajo, pero advierte de que esa nota no será sostenible en el tiempo si el Gobierno socialista revierte las reformas que se han aprobado durante los años anteriores, esto es, si se da marcha atrás en los ajustes del gasto y en la apertura parcial del mercado laboral. La llamada de atención de Standard and Poor’s debería servir para recordarnos –especialmente en este contexto de desaceleración económica– que nuestra solvencia no es eterna: depende de cómo evolucione nuestra actividad productiva y, sobre todo, del marco de políticas que se adopten desde el Gobierno. Y, por desgracia, el Ejecutivo de Sánchez está pensando más en las próximas elecciones generales que en la sostenibilidad a largo plazo de nuestra deuda.