Más impuestos, ¿por qué no menos gasto?

Los españoles destinan el 45% de su sueldo a pagar tasas. Trabajamos 165 días al año para el Estado, pero para el Gobierno no es suficiente: Sánchez creará o subirá ocho impuestos.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha iniciado una incuestionable cruzada para incrementar la carga tributaria que pesa sobre los españoles. No es ninguna sorpresa: antes de que el líder del PSOE llegara a La Moncloa, ya había anunciado a bombo y platillo sus planes para incrementar la presión fiscal de nuestro país en 8.000 millones de euros a corto plazo y en 45.000 millones de euros a medio plazo. De ahí que, en apenas un mes, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya haya comunicado su intención de crear o incrementar hasta ocho tributos distintos: destopar las cotizaciones sociales, nuevo impuesto a la banca, nuevo impuesto a las tecnológicas, recargo fiscal al diesel, obligación de los autónomos a cotizar por sus ingresos reales, aumento del Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas, subida del IRPF para las rentas altas y armonización al alza del Impuesto sobre Sucesiones.

El objetivo de esta radical ofensiva fiscal contra los españoles es, de acuerdo con el propio presidente del Gobierno, financiar los nuevos gastos vinculados al Estado de Bienestar: de acuerdo con esta narrativa, sanidad, educación, pensiones o dependencia necesitarían de más combustible tributario para funcionar eficazmente, de modo que recaería sobre todos los españoles la obligación de proporcionárselo sin rechistar.

Y, desde luego, las propuestas de Sánchez son las que cabe esperar de un Ejecutivo típicamente socialdemócrata: fagocitar cada vez más recursos de los ciudadanos para cebar el tamaño del Estado. A la postre, mientras los socialdemócratas le otorgan al Estado la misión de garantizar la igualdad económica de sus ciudadanos por la vía de redistribuir su renta, los liberales buscan maximizar la creación de riqueza para todos. Es decir, mientras que los socialdemócratas apuestan por un Estado providente y dadivoso, los liberales promueven la sociedad civil y el mercado limitando estrictamente las competencias del Estado.

La hegemonía socialdemócrata

Por desgracia para todos aquellos que suscribimos la perspectiva liberal, el Estado no ha dejado de comerle terreno a la sociedad civil durante las últimas décadas. Al contrario de lo que tratan de vendernos políticos socialdemócratas como Pedro Sánchez, no es verdad que el Estado contemporáneo sea un Estado escuálido y desprovisto de competencias como consecuencia de los muy intensos recortes experimentados durante la crisis. No: el tamaño del sector público español se ubica en niveles cercanos a sus máximos históricos y muy por encima del que exhibía décadas atrás. Así, mientras que, en 1910, el gasto estatal ni siquiera alcanzaba el 9% del PIB, a día de hoy supera el 40%. Si algo ha sucedido durante los últimos 30 años no ha sido que el tamaño del sector público se haya reducido, sino que se ha estabilizado en un nivel que, en términos relativos, es cinco veces superior a aquel con el que contaba a comienzos del siglo XX. Y Sánchez todavía quiere más.

Tal vez se piense que esta brutal expansión del tamaño del sector público es una consecuencia natural del «espíritu de los tiempos». A saber, que conforme las sociedades se enriquecen, sus estados naturalmente deben multiplicar su tamaño. Sin embargo, basta con mirar a nuestro alrededor para comprobar que no es así. Algunas de las sociedades más ricas del planeta, como Singapur, Hong Kong, Taiwán o Corea del Sur, cuentan con unos estados que apenas pesan entre el 17% y el 20% del PIB, esto es, menos de la mitad que el español. Así, cuando Sánchez propone subir los impuestos para incrementar el gasto público no está proponiendo alimentar a un sector público anormalmente desnutrido, sino a un Estado adiposamente hipertrofiado desde un punto de vista histórico. No se trata de reanimar a una socialdemocracia moribunda, sino de continuar engordándola a costa de la sociedad civil.

Tan es así que, a día de hoy, ese Estado que Pedro Sánchez considera diminuto y falto de recursos ya supone un coste medio de 9.600 euros por español. Es decir, como promedio, ese Estado necesita sustraer alrededor de 29.000 euros anuales de una familia compuesta por dos adultos y un menor. El coste fiscal del Estado ha aumentado un 40% desde comienzos de los 90 y un 250% desde comienzos de los 80 (descontando el efecto de la inflación). Actualmente, de hecho, el coste tributario per cápita del Estado se ubica en unos niveles bastante cercanos a los máximos alcanzados en el pico más elevado de la burbuja inmobiliaria: a saber, gracias a la extorsión tributaria a la que hemos sido sometidos durante la crisis, el Estado ya recauda casi tanto como en plena exuberancia irracional de los años de la burbuja. Y Sánchez todavía quiere más.

Por supuesto, los habrá que crean que las cifras del gasto público medio por español no son realmente representativas de lo que le cuesta al ciudadano corriente sostener todo el entramado burocrático y redistributivo del Estado. Es decir, los habrá que piensen que el promedio fiscal resulta engañoso porque los ciudadanos con bajas rentas apenas abonan impuesto alguno. Pero se equivocan.

Tomemos como ejemplo el salario bruto más frecuente en España: 16.500 euros anuales. Antes siquiera de alcanzar la nómina del trabajador, ese sueldo ya ha sido gravado con una cotización social del 29,9% a cargo de la empresa (la cual podría haber acrecentado la nómina del trabajador de no haber sido aprehendida por la Seguridad Social): a saber, ese salario ya carga con una exacción de 4.900 euros. Posteriormente, ha de abonar tanto la cotización social a cargo del trabajador (el 6,35% del salario bruto, es decir, 1.050 euros), así como el IRPF (que para esos niveles de renta se ubica en una media del 10%, es decir, 1.650 euros), lo que reduce su renta disponible a 13.800 euros. Y, finalmente, sobre el gasto en consumo de esa renta disponible ha de abonar los impuestos indirectos, como el IVA y los especiales, lo que fácilmente implica un sobrecoste fiscal adicional de otros 2.100 euros. En total, pues, el asalariado más común en España soporta una mordida fiscal cercana a los 10.000 euros anuales: de un coste total para la empresa de 21.400 euros, apenas termina disfrutando de unos 11.700 euros.

En términos porcentuales, pues, alrededor del 45 por ciento del salario del asalariado corriente es fagocitado por el Estado. Es decir, la mayoría de empleados españoles está trabajando un mínimo de 165 días al año únicamente para costear los impuestos que le adeuda al sector público. Y Sánchez todavía quiere más.

Los impuestos nos empobrecen

A nadie le debería extrañar, pues, que semejante losa tributaria genere un enorme desincentivo a trabajar. Ése es, de hecho, el efecto último que comparten todos los tributos: desalentar el esfuerzo, la frugalidad y la innovación de los ciudadanos, a saber, desalentar la generación de riqueza dentro de una sociedad. Es bien sabido que los impuestos sobre el trabajo (como las cotizaciones sociales o el IRPF) reducen el número de horas que los ciudadanos desean trabajar, que los impuestos sobre el ahorro (como el de Sucesiones) disminuyen la acumulación de capital o que los impuestos sobre los beneficios empresariales (como el tributo sobre las tecnológicas, sobre la banca o sobre Sociedades) socavan la inversión y la innovación. Las subidas de impuestos no sólo empequeñecen a la sociedad civil para engordar al Estado, sino que también la empobrecen.

Así, por ejemplo, un reciente informe de la Fundación BBVA Research –titulado Estructura Fiscal, Crecimiento Económico y Bienestar– estimaba que cada punto de presión fiscal que incrementan las Administraciones Públicas españolas erosionaba el PIB entre un 0,75% y un 1,22%. O expresado con otras palabras: por cada 11.500 millones de euros extra que trata de recaudar el Estado, se destruyen entre 8.600 y 14.000 millones en Producto Interior Bruto. Habida cuenta de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado su voluntad de, como ya hemos indicado, aumentar la recaudación a medio plazo en cuatro puntos del PIB, estaríamos hablando de una destrucción de riqueza de hasta el 4,88% del PIB: unos 55.000 millones de euros.

¿En qué se traducen todos estos números? Actualmente, la renta per cápita por español es de 25.100 euros anuales. De ellos, el Estado ya está sustrayendo vía impuestos una media de 9.600 euros por español: esto es, la renta per cápita después de impuestos es de 15.500 euros por español. Si Sánchez se saliera con la suya, la renta per cápita de los españoles caería a 23.900 euros, de los cuales extraería fiscalmente un mínimo de 10.000 euros por español: es decir, la renta per cápita después de impuestos en España se reduciría a unos 13.900 euros. Un empobrecimiento superior al 10% por español. Más que la caída que experimentamos durante la crisis.

En definitiva, España no debería avanzar hacia un modelo con impuestos aún más extractivos que los actuales, sino hacia un Estado mucho más pequeño y austero –con mucho menos gasto– que permita reducir enérgicamente la presión fiscal y, por esa vía, impulsar el crecimiento económico. Pero para lograrlo resulta urgente combatir el discurso socialdemócrata que, desde hace lustros, se ha instalado como dominante en España. ¿Alguien se atreverá a coger el toro por los cuernos?