Malestar en el tejido empresarial por la carta que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado a empresas españolas con intereses en Israel para que se abstengan de colaborar con el país liderado por Benjamín Netanyaju. Tras las defensa que realizó ayer la CEOE sobre la "ética impecable" de las empresas españolas, este viernes el Club de Exportadores e Inversores Españoles ha reiterado su defensa de la paz y su condena a la violencia ejercida sobre la población civil de cualquier bando, pero dejando claro que las compañías españolas se ajustan a la legalidad internacional al comerciar con Israel y rechazando el intento de Bustinduy, que "invade" competencias de Asuntos Exteriores y Economía, de "implicar a las empresas españolas en la crisis de Gaza".

El ministro de Sumar en el Gobierno pidió en una misiva a varias empresas que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a "flagrantes vulneraciones de derechos humanos" en Gaza ante una situación que calificó de "genocidio". Según explica el departamento de Bustinduy, se emplaza a las empresas a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios que hayan realizado para frenar los riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza.

En la misiva, también se insta a las compañías a rendir cuentas sobre las medidas que están tomando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica, y solicita a las empresas que informen sobre los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que los consumidores conozcan las actuaciones que están llevando a cabo.

El Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares manifestó su sorpresa sobre la carta, de la que no tenía conocimiento, y dejó claro que "el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español". El Gobierno insistió en que "lo verdaderamente esencial" es "lograr el alto el fuego, la liberación de los rehenes, el acceso de la ayuda humanitaria y la implementación de la solución de dos estados". Bustinduy evitó polemizar con el PSOE y defendió que su requerimiento se alinea con la posición del Gobierno con Palestina.

El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha manifestado en este sentido que "tanto las empresas españolas que comercian con Israel, como aquellas otras que operan en ese país, se ajustan a la legalidad internacional y lo hacen en la convicción de que el Estado de Israel es una democracia con la que España mantiene relaciones diplomáticas de acuerdo con la legalidad internacional, y vínculos históricos seculares".

"Israel es, asimismo, uno de los pocos países de la región con los que España mantiene un saldo comercial positivo, si bien en los meses transcurridos desde los atentados terroristas del 7 de octubre, y a raíz de la posición adoptada por el Gobierno español, las exportaciones españolas a Israel se han reducido un 33% y ha prácticamente desaparecido el superávit en nuestra balanza comercial bilateral", insisten en una nota.

En consecuencia, el Club rechaza "firmemente el intento del ministro de hacer recaer sobre las empresas españolas que exportan o invierten en Israel la responsabilidad de supervisar cuestiones que evidentemente se escapan a sus posibilidades de control y que no están sometidas a sanciones por parte de la Unión Europea, y que pudieran ser consideradas ilegales, o incluso delictivas, por el Estado de Israel".

"La única obligación de las empresas exportadoras e inversoras españolas debe ser en este caso, como en el resto de sus operaciones internacionales, el estricto cumplimiento de la legalidad española y del país donde operen, en este caso Israel, en el contexto de lo que la Unión Europea disponga al respecto", insisten.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó ayer que "le gustaría saber" si la carta de Bustinduy empresas españolas con intereses en Israel, es "a título individual" o es del Gobierno. "Yo creo que las empresas tienen unos códigos éticos que están ahí y creo que las empresas actúan con una ética impecable (...) Y también lo digo, podría echar en falta también que se hablara de otros países, que nunca se habla, donde falta mucha libertad también", respondió Garamendi en el marco del 'V Foro Internacional Expansión', al ser preguntado por la misiva del ministro.