Industria ferroviaria
Magyar Vagon interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo tras el veto del Gobierno a su OPA sobre Talgo
El consorcio húngaro considera que su oferta cumple todos los requisitos legales vigentes
La batalla judicial anticipada por Magyar Vagon por el veto del Gobierno a su oferta por Talgo está servida. En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV), Magyar anuncia que va a interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo de Ministros, instando su nulidad y la indemnización de todos los daños y perjuicios causados. Todo ello, añade, "sin perjuicio de las restantes actuaciones que procedan en otras instancias, en particular, ante los órganos competentes de la Unión Europea".
Según el consorcio húngaro, que tal y como avanzó ayer LA RAZÓN también comunica en el mismo hecho relevante su intención de retirar su oferta dados los perjuicios y costes que le supondría mantenerla; la decisión del Consejo de Ministros notificada "carece de la más mínima motivación y produce al oferente [Magyar] la más absoluta indefensión".
El consorcio húngaro considera que su oferta pública de adquisición por el 100% del capital social de Talgo "cumple con todos los requisitos legales vigentes y que no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España".
En su escrito, Magyar añade que sigue pensando que la oferta presentada era "atractiva para los accionistas de Talgo -a los que, añade, se está privando "ilegítimamente de dicha posibilidad"- y en el mejor interés de la compañía y todos sus grupos de interés, tal y como confirmó expresamente el consejo de administración de Talgo". Por este motivo, Magyar explica que, en función de la evolución de las circunstancias, se planteará volver a presentar una oferta para la adquisición del 100% de Talgo.
Después de meses de incertidumbre, el Gobierno, que nunca había visto con buenos ojos la operación, acordó el martes vetar la OPA de Magyar Vagon por cuestiones de seguridad nacional, si bien no ha detallado las mismas porque ha calificado el expediente como clasificado. El Ejecutivo desconfía de los estrechos vínculos del consorcio que presentó la OPA con el Ejecutivo húngaro -un 45% estaba conformado por el fondo estatal magiar Corvinus-, al que se considera próximo a Vladimir Putin.
Alternativas
La retirada de la OPA de Magyar Vagon libera de pies y manos a Talgo para poder negociar una alternativa que le garantice la capacidad industrial que necesita para afrontar los pedidos que tiene pendientes y que están en máximos, con una cartera de más de 4.000 millones de euros.
Hasta el momento, la única alternativa que se ha puesto encima de la mesa es la de la checaSkoda Transportation. Skoda, alentada por el Gobierno, presentó a Talgo unaoferta para una combinación de negocios e integración industrialque, en ningún caso, comportaba oferta económica alguna. Una propuesta quela dirección del fabricante español rechazóporque, según argumentó, con la OPA de Magyar en la mesa, no era el momento adecuado para explorar otras posibles alternativas distintas a "una OPA competitiva que garantice los recursos financieros e industriales que permitan a Talgo hacer frente a sus retos presentes y futuros".
A la negativa de la compañía española se sumaba el hecho de que, en términos legales, y una vez que una mayoría del capital de Talgo estaba dispuesto a vender sus acciones al consorcio húngaro, Skoda estaba obligada a lanzar una contraopa que mejorase la de Magyar si quería hacerse con el fabricante español de trenes.
Para llevar a cabo sus planes, a Skoda, en todo caso, le haría falta el apoyo financiero externo, según aseguran las fuentes consultadas. Entre los favoritos del Ejecutivo a este respecto están Criteria Caixa, el "holding" inversor de Fundación La Caixa al que el Ejecutivo tanteó para armar una contraopa que enfrentar a la de Magyarpero que ha repetido en los últimos meses que sólo entraría en la operación de la mano de un socio industrial; y la compañía de defensa Escribano, presente en Indra, en la que el Estado está presente a través de la Sepi con un 28% de su capital.
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