El Gobierno prefiere un «bonus malus» que reste bonificaciones a las que abusen de estos contratos.

El Gobierno y los sindicatos encontraron ayer puntos en común para establecer un sistema que penalice a aquellas empresas que abusen de la temporalidad en la contratación por encima de los baremos correspondientes a cada sector, según indicaron fuentes consultadas a este diario. En la reunión de la mesa por la calidad en el empleo que mantuvieron los agentes sociales con los representantes del departamento que dirige Fátima Báñez, tanto CC OO como UGT propusieron establecer indemnizaciones y sanciones a las empresas lo suficientemente altas como para desincentivar el uso fraudulento de la contratación temporal que en la actualidad sale casi gratis, además de elevar las cotizaciones a los contratos de corta duración. Los sindicatos denuncian que muchas empresas optan por pagar la multa de 600 euros por fraude en la contratación antes que cumplir con la normativa.

Según los datos que manejan los sindicatos, el 90% de los nuevos contratos son de carácter temporal y más del 27% tiene una duración inferior a una semana. Por eso, las dos centrales de clase se muestran contrarias a respaldar una de las principales iniciativas planteadas por el Ejecutivo en el borrador de acuerdo: el contrato de protección creciente, una suerte de contrato temporal reforzado con indemnizaciones progresivas (12 días el primer año, 16 el segundo y 20 el tercero).

Los sindicatos consideran que es un contrasentido establecer una indemnización creciente con el tiempo cuando el 73% de los nuevos contratos tiene una duración inferior a un año.

La patronal, en contra

Por contra, CC OO y UGT valoran positivamente reducir gradualmente las bonificaciones, incentivos y deducciones a la contratación temporal, y establecer sanciones más fuertes a aquellas empresas que abusan de la temporalidad con la concatenación de contratos de estas características, lo que deriva en una desprotección permanente de trabajadores que mantienen una vinculación laboral dilatada con la misma empresa.

Los sindicatos subrayan que en la actualidad esas indemnizaciones se calculan en función de la duración del contrato, por lo que son importes muy bajos, además de obligar a la conversión en indefinido del contrato temporal, lo que supone casi lo mismo que si se hubiera hecho desde el principio un contrato fijo.

El Ejecutivo ya ha planteado en anteriores reuniones la posibilidad de introducir un «bonus-malus», una penalización que consistiría en incrementar las cotizaciones sociales por desempleo a las empresas que recurran en mayor medida a la contratación temporal y la rotación «excesiva», y establecer un nuevo incentivo en las cotizaciones para aquellas que tengan un porcentaje mayor de contratos fijos en comparación con otras empresas de su mismo sector. Para ello, se buscaría establecer unos ratios de temporalidad diferenciados según sectores productivos, ya que la hostelería o la construcción necesitan en mayor medida de la contratación temporal que la automoción.

Estos planteamientos chocan con los de los empresarios. Fuentes de la CEOE indicaron que penalizar cualquier tipo de contratación retrae la creación de empleo, sobre todo cuando la tasa de paro se encuentra por encima del 16%, con 3,7 millones de parados.

La patronal se encuentra dividida, sin embargo, en otro asunto crucial: la subida salarial. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, presentó ayer a la junta directiva una propuesta salarial mejorada para 2018, respecto a la que se trató de pactar para 2017, que ha generado posturas encontradas entre los empresarios.

La propuesta salarial de la patronal mejorará la realizada para 2017: una subida de entre el 1,5% y el 2%, más un variable de medio punto ligado a la productividad. Los sindicatos pedían una subida de entre el 1,8% y el 3%. Para lograr un acuerdo, Rosell propone elevar la prima variable.