¿Otro decretazo de Sánchez para los funcionarios?

El sindicato CSIF recuerda a Sánchez que el voto de 2,5 millones de empleados públicos es clave el 10-N

La última subida salarial a los funcionarios, del 2,25%, se realizó por real decreto ley el 21 de diciembre de 2018. En junio pasado, el Ejecutivo redondeó el sueldo de los empleados públicos con un incremento adicional del 0,25%, aplicada a la nómina de julio del personal al servicio del sector público. La utilización de ese real decreto llegó después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lograra sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de ese ejercicio. La medida salvaguardó la revalorización del sueldo de los funcionarios pactada por Sánchez con los sindicatos a partir del 1 de enero de 2019, pese la prórroga presupuestaria.

Ahora, en una situación similar, el sindicato CSIF, el más representativo de la Función Pública, ha demandado al Gobierno que apruebe de «manera inmediata» un decreto con la subida salarial del 2% pactada para 2020. El objetivo es que los funcionarios puedan cobrar este aumento desde el 1 de enero de 2020.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, explicó que ha remitido una carta al presidente del Gobierno para recordarle que «el voto de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias puede ser decisivo» en las próximas elecciones de 10 de noviembre.

CSIF se reunirá con los principales grupos parlamentarios para arrancarles el compromiso previo a las elecciones de que apoyarán dicho decreto en su convalidación parlamentaria.

Según el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos representativos del sector público, el salario de los funcionarios debería incrementarse en 2020 un 2% más un variable vinculado a la evolución del PIB de 2019.

Entre las reivindicaciones del sindicato CSIF al Gobierno sobresale la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, de hasta un 20%, para lo que insta a deshacer el recorte que realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ese año.

También quiere la equiparación de salarios entre los empleados de distintas administraciones (ayuntamientos, regiones y Administración Central) que realizan las mismas tareas, así como instaurar la jornada semanal de 35 horas.

Con el objetivo de rejuvenecer las plantillas, Borra también demanda establecer una jubilación anticipada voluntaria desde los 60 años, con un coeficiente reductor más laxo que el habitual en función de los colectivos, así como adecuar la jubilación de las clases pasivas.

La demanda de los empleados públicos se une a la de los colectivos de jubilados que exigen un decreto urgente para garantizar la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, que rondará el 0,8% de media a final de año, lo que en este caso superaría el 0,25% mínimo que fija la ley.