La Comisión propondrá hoy concederles un estatus jurídico protegido que incluya blindajes contra el despido o ayudas económicas

Bruselas se ha puesto de parte de los delatores. Una figura que, a priori, no gusta, pero que en Europa reconocen su valía cuando realmente se la juegan por el interés común. Por ello, la Comisión Europea propondrá este lunes que los empleados que denuncien la evasión de impuestos o cualquier otra actividad contraria a la normativa comunitaria se les otorguen una estatus jurídico protegido.

Los recientes escándalos como la manipulación de Volkswagen durante las mediciones de los gases de coches diésel, conocido como el “Dieselgate”, o el caso del ex empleado de la filial helvética del banco HSBC Hervé Falciani, han puesto de manifiesto el amparo limitado del que disponen estas personas que tratan de denunciar el comportamiento de las empresas en aras del interés público. El ex informático está pendiente de extradición a Suiza por espionaje financiero y revelación de secretos bancarios tras denunciar datos sobre presuntas evasiones fiscales. Sin duda, existen riesgos a la hora de informar sobre irregularidades. La idea es que éstos sean cada vez menores, y los temores desaparezcan. Según informaron a LA RAZÓN fuentes comunitarias, la nueva legislación pretende garantizar “un estatuto de protección”, incluida la asistencia legal e incluso apoyo financiero, a quienes den cuenta de actividades ilegales o infracciones de las leyes de la Unión Europea (UE). Las áreas de actuación son diversas y van desde los servicios financieros, hasta el financiamiento del terrorismo o la protección del medio ambiente.

Las mismas fuentes han comentado que se prohibiría a las empresas despedir a estos denunciantes de irregularidades así como ir en contra de su honor y se les impondrán sanciones disuasorias por intentar aplacar a los confidentes. “Se tomarán medidas en contra de la venganza”, afirman desde el Ejecutivo comunitario. Aunque todavía no está claro cómo, la unificación de las normas parece indispensable con el fin de llegar a un denominador común y serían los Estados miembros los responsables de decidir el tipo de sanción.

En otras palabras, Bruselas pretende castigar las represalias que las empresas puedan emprender contra los denunciantes, como fue el caso ex consultor de PwC Antoine Deltour, el principal filtrador de “Luxleaks”, pendiente de un nuevo juicio en el Tribunal de Apelación, después de que el Tribunal Supremo luxemburgués anulara la condena a seis meses de cárcel por destapar la ingeniería fiscal entre multinacionales y el fisco en el Gran Ducado. Desde entonces, las filtraciones han provocado un debate público en la Unión Europea sobre los confidentes.

Bruselas también propone crear canales internos seguros para permitir al delator ser anónimo y estar protegido dentro de las compañías a la hora de denunciar las infracciones, de forma que comience un análisis seguro del caso. Asimismo, la Comisión Europea afirma que las autoridades públicas deberán responder correctamente y para ello propone la creación de organismos competentes dentro de los países para la prevención y persecución de redes financieras ilícitas. “Correspondería, en todo caso, designarlas a los Estados miembros”.

Los defensores de una ley a nivel de la UE sobre denunciantes de irregularidades argumentan que podría haber llevado a una exposición más temprana, por ejemplo, del escándalo de las emisiones de gases contaminantes de VW. En cualquier caso, un acuerdo para frenar nuevas ilegalidad irá para largo. El proyecto de ley tendrá que ser revisado ahora por los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo, un proceso que suele durar entre 18 y 24 meses.