La OCU, tal y como adelantó LA RAZÓN, ha presentado hoy en la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, y su cúpula directiva por falsedad contable y estafa al inversor.

La OCU, tal y como adelantó el sábado LA RAZÓN, ha presentado hoy en la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la firma auditora PwC y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha explicado que la organización representa a los más de 9.500 pequeños accionistas que han acudido a la asociación de consumidores tras conocer que han perdido la totalidad de su inversión, y también ha indicado que se trata de la primera acción que llevan a cabo los accionistas y bonistas del banco tras el colapso del Popular, y que no descartan otras vías.

En total, el Popular contaba con 305.000 pequeños accionistas en el momento de su intervención, en la madrugada del miércoles de la semana pasada.

Izverniceanu ha explicado que resulta evidente que las cuentas de la entidad no eran las correctas cuando se optó el pasado verano por efectuar una ampliación de capital, cuyo folleto, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no reflejaba la imagen fiel de la entidad.

La portavoz de la OCU ha lamentado el desamparo de los inversores del Popular, ya que, al contrario de lo que ha ocurrido hoy con las acciones de Liberbank, en su momento la CNMV no prohibió la toma de posiciones cortas sobre la entidad, con lo que los títulos del banco sufrieron en bolsa.

El abogado Eliseo Martínez, uno de los firmantes de la querella, ha explicado que la situación en la que han quedado los accionistas del Popular hacía imprescindible la presentación de esta querella por estos dos delitos, falsedad contable y estafa al inversor.

Deben iniciarse así, ha dicho, las diligencias necesarias para que se instruya una causa que no será la única; lo que no es objeto de la querella, ha indicado, es la pensión de hasta 24 millones de euros -a razón de 1,1 millón al año- que recibirá el expresidente Ron tras su cese, siempre que la entidad no le responsabilice de generar con sus actuaciones un quebranto económico para el grupo.

Entre los que han acudido hoy a la Audiencia Nacional se encontraba Eliseo Martínez, en su doble condición de abogado y de “estafado”, ya que ha perdido 20.000 euros con la amortización a cero de las acciones del Popular.

Durante el mandato de Ángel Ron al frente del banco, ha recordado, los accionistas han perdido un 97 % de su inversión; Izquierdo ha criticado la actuación de los supervisores, la CNMV, “que jamás llega a tiempo”, y el Banco de España, al que “ya le ocurrió algo parecido con Bankia”.

El pasado miércoles, el Banco Santander anunció la compra del Banco Popular por el precio simbólico de un euro, después de que las autoridades europeas constataran la inviabilidad de la entidad de manera independiente.

A pesar de que el Banco Popular seguía cumpliendo los niveles mínimos de solvencia, su liquidez estaba en entredicho y se decidió que lo mejor era intervenir para proteger a los depositantes y vender la entidad al mejor postor.

La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en bolsa.