La OCU denunciará al Popular ante la Audiencia Nacional

Adicae recibe una avalancha de llamadas de accionistas del banco.

La absorción de Banco Popular por parte del Santander ha provocado que cientos de miles de inversores hayan perdido hasta el último euro invertido en Popular. Unos 300.000 accionistas han visto como el valor de sus acciones se reducía drásticamente en los últimos tiempos, hasta valer cero, al igual que ha pasado con buena parte de los «bonistas» que compraron deuda de Popular. Con su inversión volatilizada, son miles de personas ya las que se plantean reclamar ante los tribunales el capital perdido. Despachos de abogados y asociaciones de consumidores están trabajando ya para atraer a los afectados y presentar, en muchos casos, demandas colectivas contra el banco.

La Organización de Consumidores (OCU) anunció ayer que presentará el próximo lunes ante la Audiencia Nacional una querella contra el Banco Popular por la pérdida del valor de sus inversiones que han sufrido sus accionistas y bonistas tras la venta de la entidad. En un comunicado, la OCU explica que si los pequeños inversores invirtieron en Popular fue «por confiar en una información auditada, pública y supervisada que se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad». Además, la OCU espera «depurar responsabilidades, si las hubiera». La organización ha solicitado al Ministerio de Economía y al Banco de España un mecanismo extrajudicial inmediato para «garantizar y defender los intereses de los miles de accionistas minoritarios y bonistas del Popular que se han visto gravemente perjudicados» por la operación.

Dos despachos de abogados se han adelantado y han emprendido ya las primeras acciones judiciales en la Audiencia Nacional contra Popular por la quiebra de la entidad. Durán y Durán Abogados ha presentado una denuncia para investigar al ya ex presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, informa Ep. Considera «sospechosa» la vinculación anterior de Saracho con Banco Santander, donde fue director general adjunto, y con la empresa financiera JP Morgan, a la que asegura que Saracho encomendó la venta del banco. Fonfría Abogados ha presentado otra querella en nombre de un cliente del Popular contra el consejo de administración y la firma encargada de la auditoría de la entidad, por ejercer una «conducta fraudulenta conducente al engaño y la difamación de información contable falsa».

Adicae, la asociación de consumidores de banca, sopesa también presentar una demanda colectiva por los daños causados a los pequeños inversores. Ante la avalancha de llamadas recibidas, ha puesto en marcha asambleas informativas por toda España para atender a los inversores afectados.