La nueva reforma laboral no abaratará más el despido

La reforma laboral aplicada por el Gobierno es la principal causa de que la destrucción de empleo se haya frenado en seco. Esa es la opinión generalizada de los expertos en la materia consultados por este diario. Los datos les respaldan. El crecimiento del PIB del 0,1% en el tercer trimestre de 2013 y de un 0,3% en el último es insuficiente para lograr un efecto tan rápido en el mercado de trabajo. Hasta la flexibilización aprobada en esta legislatura, se consideraba que España necesitaba de un ritmo de expansión de la riqueza nacional entre el 1,5% y el 2% para que el aumento del PIB tuviera una traslación positiva y directa en la creación de empleo.

Tras la simplificación de los modelos de contratación que ha entrado en vigor este año y después de constatarse que la nueva normativa está funcionando, los analistas consideran que sería conveniente otra reforma para acelerar el cambio de tendencia. Buena parte del Ejecutivo considera necesario flexibilizar aún más el mercado laboral a pesar de que las elecciones estén a la vuelta de la esquina. Y ese es el principal freno para que ésta se lleve a cabo en la presente legislatura: la inminencia de las citas en las urnas.

Los organismos internacionales demandan que se abarate aún más los costes de despido. España aún sigue siendo uno de los países desarrollados con las indemnizaciones obligatorias por extinción de contrato más generosas, por lo que la OCDE sugiere «reducir con el tiempo» dichos costes, especialmente en las empresas de mayor tamaño, para aproximarlos a la media de las economías avanzadas. Este organismo también ha criticado que, pese a la reforma, existe una excesiva injerencia y discrecionalidad de los jueces a la hora de anular los despidos colectivos, lo cual se traduce en mayores costes para la empresa y menores incentivos a la hora de contratar nuevos trabajadores. Por su parte, el FMI ha pedido también alinear los costes de despido para los contratos indefinidos con la media de la UE (y que se incrementen de forma gradual con la antigüedad) para acabar con la brecha que existe entre los derechos de los trabajadores fijos y los temporales.

Nueva vuelta de tuerca

Sin embargo, la nueva vuelta de tuerca no contempla cambios significativos en la indemnización por despidos. La reforma de 2012 introdujo una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Esta medida no tiene carácter retroactivo y sólo afecta a las personas que hayan sido empleadas desde la entrada en vigor de la reforma (13 de febrero de 2012). Las que ya tuvieran trabajo conservan su indemnización por despido original: 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades. Los expertos consideran que aunque hay margen para reducir la indemnización por despido improcedente hasta los 25 días, su modificación tampoco modificaría demasiado el panorama. «Abaratar más el despido no crearía más empleo. La reforma modificó las causas de despido objetivo, generalizando salvo excepciones la posibilidad de aplicarlo con 20 días de indemnización por año trabajado», asegura Carlos Martínez, asesor independiente de asuntos laborales y director general de IMF Formación. Martínez considera que, pese a que la gran reforma pendiente es la eliminación de la prestación por desempleo, cualquier nueva modificación será «light». «La medida con mayor impacto sería sin duda que la indemnización por despido pasara a convertirse de forma fraccionada en la cobertura del paro. Eso aliviaría las cargas de la Seguridad Social, permitiría a los trabajadores percibir mayores ingresos líquidos mensuales y las empresas no quedarían asfixiadas por el pago de indemnizaciones en caso de ajustes de plantilla en bloque. Sólo con esta medida se lograría crear más empleo, pero supondría una auténtica revolución muy poco probable en puertas del periodo electoral», explica Martínez, que considera más probable que los futuros retoques vayan por la vía del emprendimiento. «No se prevé que las grandes empresas vayan a crear empleo. Serán los autónomos y las pymes las que tiren del carro. Por eso resulta vital que se incentive la contratación en las empresas con menos de 10 trabajadores así como a los emprendedores que convierten por primera vez en empleadores. Las exenciones en la Seguridad Social y las bonificaciones no deben contemplarse como un gasto sino como una inversión», añade Martínez.

En este sentido, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) cree que cualquier retoque pasará porque la compatibilización del cobro del paro con el emprendimiento así como la capitalización por desempleo no se circunscriba exclusivamente a los menores de 30 años sino que se «universalice» con carácter general. Otra de las medidas que tendría un encaje sencillo es que se mejoren los incentivos y deducciones a los autónomos que no cuentan con empleados y se lanzan a contratar a su primer trabajador. «Si cada autónomo sin trabajadores a su cargo empleara sólo a una persona, se daría la vuelta a la situación del paro en España», señala Lorenzo Amor, presidente de ATA, quien también demanda mayores incentivos a las prácticas en negocios vinculados a los emprendedores. «Donde mayor inserción de jóvenes hay es en las empresas con menor tamaño», remarca.