Las agencias de calificación se dedican, entre otros menesteres, a evaluar la calidad de la deuda de los Estados. Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch –que así se llaman los tres principales evaluadores mundiales– someten periódicamente a examen todos los pasivos de los distintos gobiernos, tras lo cual emiten una calificación que resulta de enorme importancia en los mercados financieros para determinar el tipo de interés que deben abonar los Estados por sus obligaciones.

Hasta el pasado viernes, España contaba con una nota de «Baa2» por parte de Moody’s y de «BBB+» por parte de Standard & Poor’s y Fitch. La forma de expresar estos ratings podrá resultar escasamente informativa para quienes no acostumbren a analizar los informes de las agencias de calificación, pero lo fundamental de estas tres notas es que se ubicaban en lo que podríamos llamar un «grado medio-bajo» del escalafón. En terminología más estudiantil, nos asignaban un notable bajo.

Pues bien, el pasado viernes, por primera vez desde 2014, Fitch dio el paso de elevar su calificación de la deuda soberana de España hasta «A-», un grado medio-alto o, de manera más coloquial, un notable alto. Moody’s y Standard and Poor’s todavía no han movido ficha (se espera que lo hagan entre marzo y abril), pero tarde o temprano imitarán a Fitch y nos promocionarán. No en vano, las tres agencias de rating han mejorado ininterrumpidamente su calificación desde nuestros mínimos 2012. En aquel momento, llegamos a caer hasta el aprobado raspado –al borde del suspenso–, cuando cuatro años antes habíamos disfrutado de la matrícula de honor.

A día de hoy, todavía nos encontramos muy lejos de haber recuperado aquellos niveles de solvencia previos a la crisis, pero hemos dado pasos firmes para acercarnos a ellos. No en vano, en su informe sobre España, Fitch enumera los logros más notables de nuestra economía que la hacen merecedora de ese notable alto. A saber: crecimiento del PIB del 3,1%; caída de la tasa de paro hasta el 16,7% de la población activa; reducción del déficit público hasta el 3,1% del PIB; desapalancamiento de la deuda privada de 25 puntos del PIB durante los últimos tres años; superávit exterior equivalente al 1,7% del PIB; y estabilización de la ratio de deuda pública sobre el PIB.

Ahora bien, semejante catálogo de buenos datos económicos no debería hacernos olvidar los importantes desequilibrios que, por desgracia, sigue experimentando nuestro país y que han sido responsables de que, en última instancia, Fitch no haya querido incrementar todavía más nuestra calificación.

En particular, la agencia de rating menciona tres elementos que todavía lastran nuestra solvencia: primero, un volumen de deuda pública que, pese a haberse estabilizado, se mantiene en el peligroso nivel del 98% del PIB; segundo, un volumen de deuda exterior que, pese a estar reduciéndose, también se mantiene en el peligroso nivel del 86% del PIB; y tercero, la potencial inestabilidad política especialmente espoleada por el independentismo catalán. Esos son los tres talones de Aquiles que impiden que la deuda pública española obtenga ahora mismo un sobresaliente.

Por consiguiente, si aspiramos a reforzar nuestra solvencia, debemos centrarnos en remediar esos tres problemas: mantener la austeridad presupuestaria para minorar nuestra deuda pública; continuar mejorando nuestra competitividad para amortizar nuestros pasivos exteriores; y estabilizar nuestras instituciones para despejar cualquier rastro de incertidumbre institucional. No nos contentemos con el notable alto: recuperemos la matrícula de honor que ya alcanzamos antes de la crisis.