La Audiencia Nacional investigará si hubo fraude en el «caso Volkswagen»

Reclama a la compañía el total de vehículos afectados y le imputa como persona jurídica.

La Audiencia Nacional investigará si Volkswagen cometió un fraude de subvenciones y un delito contra el Medio Ambiente con el presunto trucaje de determinados motores diésel de cuatro cilindros (2.0 TDI). El juez Ismael Moreno se declaró ayer competente para investigar las repercusiones en España y, a instancias de la Fiscalía, ha imputado como persona jurídica a la compañía, a cuyo representante (que deberá designar la propia empresa) cita a declarar el próximo 10 de noviembre. El magistrado reclama además al Grupo Volkswagen una relación de todos los vehículos afectados en nuestro país por la supuesta instalación de un programa informático que reduce la emisión de gases contaminantes cuando el turismo se encuentra en un banco de pruebas, sorteando de esta manera los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.

El magistrado reclama asimismo a la compañía automovilística su organigrama en España, que identifique a la empresa que fabricó el polémico software y las medidas que adoptó, en su caso, para subsanar el perjuicio causado. Igualmente, solicita al Ministerio de Industria el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA) sobre los hechos y los informes que haya recibido de Volkswagen. Por último, pide al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente los dictámenes periciales que haya podido realizar sobre los vehículos supuestamente manipulados «al objeto de determinar su grado de emisiones nocivas» y a la Fiscalía General del Estado, que le remita todas las investigaciones abiertas sobre el asunto.

La Audiencia Nacional justifica su competencia al tratarse de una supuesta defraudación «que causa perjuicio a una generalidad de personas» en el ámbito territorial de más de una Audiencia.

En su resolución, el juez Moreno hace suyos los argumentos esgrimidos por el fiscal Marcelo Azcárraga para la investigación de los hechos denunciados por Manos Limpias, la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen, la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras y la Asociación El defensor del Paciente, cuya personación como acusaciones populares admite siempre y cuando cada una deposite una fianza de 5.000 euros y actúen en el procedimiento bajo una misma representación letrada para evitar dilaciones indebidas.

El fiscal Azcárraga aseguraba en su escrito a favor de la admisión a trámite de las querellas que la Audiencia debe esclarecer si los vehículos afectados habrían emitido gases contaminantes «muy por encima de los límites permitidos» (podrían superar hasta en 40 veces el máximo), lo que habría ocasionado «daños sustanciales a la calidad del aire» y les «inhabilitaría» para circular, «con el consiguiente perjuicio para su titular». La Fiscalía recordaba que el uso de motores poco contaminantes «es objeto de subvención pública», por lo que el supuesto engaño supondría «un desembolso injustificado del Erario Público». De hecho, la Fiscalía solicitó al juez (una medida que éste aún no ha aprobado) que solicitase a Industria un informe sobre las ayudas concedidas para la adquisición de los vehículos afectados.