El Gobierno prepara la privatización de más torres de control aéreo

El Gobierno prepara la liberalización de más torres de control. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha confirmado a este periódico que sacará próximamente a proceso de audiencia pública una orden ministerial para la privatización del servicio de control aéreo en las torres de determinados aeropuertos. En concreto, y aunque el Mitma no especifica de qué torres se trata, algunas fuentes aseguran que se trata de las de Tenerife Sur, Tenerife Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca, que aglutinan alrededor de un tercio del tráfico aéreo español. El objetivo de dicho proceso de audiencia "es recabar alegaciones y comentarios al texto".

La propuesta, según el Mitma, responde a la solicitud de Aena del pasado 31 de enero, en la que el gestor aeroportuario propone al ministerio continuar con una nueva fase de apertura del servicio de tránsito aéreo de aeródromos a nuevos proveedores certificados en una serie de aeropuertos. Según el departamento que dirige Raquel Sánchez, "la experiencia hasta el momento del servicio prestado por proveedores privados ha sido significativamente positiva en términos de calidad y eficiencia económica, por lo que la valoración del Mitma ha sido favorable a la solicitud de Aena".

De esta manera, lo que permitirá la futura orden ministerial es que Aena pueda optar entre diversos proveedores, siempre con los máximos niveles de seguridad pero con tarifas más reducidas, lo que contribuiría a una reducción de los costes operativos del transporte aéreo que las aerolíneas podrán repercutir en menor coste para los pasajeros, según explican desde el ministerio. "La gestión eficiente de los servicios públicos debe ser un objetivo de cualquier gestor público", añade.

Mejorar la competitividad

Desde el ministerio inciden en que, a pesar de la posible liberalización, "la seguridad está plenamente garantizada porque las nuevas empresas que presten este servicio estarán certificadas, según los requisitos establecidos en los Reglamentos europeos y que han sido recogidos en el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea, aprobado el 23 de julio". Es decir, sólo podrán prestar el servicio de control de torre las empresas que estén certificadas por la Agencia de Seguridad Española u otro supervisor de la Unión Europea.

En definitiva, explican desde el Mitma, se trata de "una medida que pretende mejorar la competitividad del transporte aéreo en España, con niveles máximos de calidad y seguridad, de forma que contribuya a un menor precio de los billetes aéreos y a una mayor puntualidad".

En 2018, un informe de la CNMC recomendaba al Gobierno que ampliara la liberalización a un mayor número de torres. Según las conclusiones del informe de la máxima autoridad de Competencia en España elaborado hace cinco años, "la puesta en marcha de la liberalización en las 12 torres ha generado aumentos de eficiencia en la prestación de los servicios". En aquel momento la CNMC recomendaba que abriera esta actividad a la competencia, "para así poder obtener eficiencias adicionales en este mercado, así como en mercados conexos, de modo que se generen ahorros, mejoras de calidad y aumentos de bienestar al consumidor".

La iniciativa del Gobierno llega en plena huelga de los controladores de las torres ya liberalizadas, las de La Coruña, Alicante-Elche, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo. Las huelgas, convocadas por los sindicatos USCA y CCOO, empezaron el pasado 30 de enero y continuarán durante febrero (6,13, 20 y 27) ante el fracaso de negociaciones del IV convenio colectivo por el desacuerdo en la subida salarial para los próximos años.