Los empresarios catalanes exigen al Gobierno la retirada del "impuestazo" porque hunde el ahorro, reduce el crédito y lastra a los bancos en bolsa

Los empresarios catalanes vuelven a cargar contra la posibilidad de que los gravámenes extraordinarios a banca y energéticas se conviertan en impuestos permanentes. La patronal Foment del Treball ha vuelto a reclamar al Gobierno que "desista" de la voluntad de prorrogarlos porque la coyuntura económica ha variado, tras superar las consecuencias de la pandemia y la subida de tipos y debe repensarse: "No se pueden hacer ordinarias medidas extraordinarias", porque "siguiendo los planteamientos y análisis del propio Gobierno, puede decirse que no ha habido crisis. El crecimiento económico se ha mantenido a niveles muy positivos: 2,7% en 2023, y para 2024 se espera un 2,8%, muy por encima de la media de la eurozona. Es más, los tipos ya están descendiendo y el impuesto impactará negativamente en los resultados y en las inversiones".

A través de un comunicado, la patronal catalana ha advertido que la aprobación de un impuesto permanente a la banca tendrá un impacto directo inmediato en Cataluña de cerca de 15.000 millones de euros, "vía restricciones de crédito para inversiones productivas, pérdida de valor de las entidades financieras impactadas y la perpetuación del impuesto tendría un impacto negativo real en la concesión de crédito", que lleva quince años sin crecer en España. De estos 15.000 millones, al menos se perderían 9.500 millones en crédito para las empresas de esta comunidad autónoma. "Esto significa menos inversión, menos competitividad, menos crecimiento y menos creación de empleo en un momento clave para el futuro y con enormes retos a abordar sin dilación".

Foment recuerda que tanto el informe Draghi y como el informe Letta alertan de una pérdida de unidad de mercado de un 10% del PIB, mientras que el propio Banco Central Europea (BCE) ya ha avisado en diferentes informe de que el establecimiento de un impuesto "lastrará a los bancos" en los mercados bursátiles y el Instituto Español de Analistas calcula un "efecto negativo en la valoración de los recursos propios" entre el 13% y el 14%, pero podría llegar a un 22%. "Esto implicaría una pérdida de valor para los accionistas de las entidades catalanas de 6.300-6.800 millones de euros, que podría alcanzar los 11.000 millones de euros en función de las características finales de los impuestos".

Asimismo, reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que evalúe de verdad a quien afecta la medida, "básicamente accionistas y ahorradores, más que a las propias entidades. Pequeños ahorradores mayoritariamente que en términos reales pierden si invierten en acciones de una entidad bancaria y no en una empresa industrial o en acciones de bancos internacionales, por ejemplo". Otro efecto derivado de mantener este impuesto, que se planteó como excepcional y temporal, es que "pone en peligro la acción de la Obra Social de la Fundación La Caixa".

Además, la patronal catalana ha señalado que los grandes grupos bancarios españoles tienen actividades internacionales y el impuesto "afectará a su competitividad" frente la banca europea y americana. Por ello, entienden que "el crédito será más escaso para las empresas y provocará la deslocalización de actividades más globales del sector financiero, que actualmente aportan valor añadido, ingresos, inversión y puestos de trabajo cualificado".