Fedea reclama que las regiones gestionen la retención del IRPF para imponer la responsabilidad fiscal

Las comunidades autónomas deben regular las retenciones del trabajo y que todas estas retenciones se desdoblen en un tramo estatal y otro autonómico. Esta es la propuesta puesta sobre la mesa por Fedea en un análisis firmado por el economista José María Durán Cabré, que asegura que con esta medida se haría «más visible» el objetivo de la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos.

En este contexto, el autor destaca que el «gran peso recaudatorio» del IRPF se convierta en «la figura clave en autonomía tributaria y responsabilidad fiscal de las comunidades», dado su funcionamiento como impuesto periódico directo y el elevado número de contribuyentes. Por ello, cree que debe afrontarse «una reforma que establezca un sistema de financiación más claro y transparente, con la responsabilidad fiscal de las comunidades frente a sus ciudadanos y que permita disponer de los recursos necesarios para financiar sus políticas de gasto representaría una mejora en la organización institucional de España».

Para llevarlo a cabno plantea que las comunidades puedan regular las retenciones de los rendimientos del trabajo y que todas las retenciones se desdoblen en dos tramos: uno estatal y otro autonómico. Además, cree que debe aprovecharse la tecnología para establecer un nuevo sistema de comunicación a fin de que los ciudadanos sepan cuánto pagan por el impuesto y a quién. «España tiene que cumplir con unos compromisos de sostenibilidad de las finanzas públicas».

En cuanto al IVA, reconoce que tiene un elevado peso recaudatorio, aunque recuerda que existen restricciones legales derivadas de la armonización comunitaria y de cómo debería modificarse el funcionamiento del impuesto para asignar poder normativo a las regiones, lo que «dificulta su papel en términos de responsabilidad fiscal». Lo que no ve plausible es la descentralización del impuesto de Sociedades porque habría que resolver «complicaciones» previas antes de derivar el poder normativo a las comunidad autónomas.