Los confinamientos decretados en los sucesivos estados de alarma, que restringieron la actividad y derechos fundamentales –declarados en 2021 inconstitucionales por el TC y luego avalados por el mismo tribunal en noviembre pasado por la mayoría «progresista»– dieron lugar al colapso de la economía, al cierre de negocios y empresas, y a que 3,6 millones de trabajadores se vieran forzados a acogerse a expedientes de regulación de empleo diseñados a tal efecto dentro del mal llamado «escudo social», la batería de medidas puestas en marcha como consecuencia de los cerrojazos decretados.

Con España cerrada por tierra, mar y aire, el sector turístico colapsó por completo, desde los cruceros a los servicios aéreos, con particular incidencia en la hostelería.

Uno de cada diez trabajadores vio como su empleo quedaba en cuarentena y con dudosas posibilidades de recuperarse, con los servicios de comidas y bebidas como los más afectados.

Las réplicas de cuarentenas y estados de alarma dejaron un reguero de empresas que ya nunca se recuperaron y a miles de autónomos entrampados o arruinados en créditos y supuestas ayudas por devolver.

Con motivo de los confinamientos, las empresas españolas sufrieron una disminución de ingresos de 287.000 millones de euros solo en el primer año de la pandemia, según las estimaciones de la CEOE.

Entre las agencias de viajes, con un retroceso del 75% en su cifra de negocios, los alojamientos (-68%) y el transporte aéreo (-60,1%) sumaron una cifra de pérdidas de 45.600 millones de euros.

Y entre los sectores vinculados al turismo, fueron los bares y restaurantes los más afectados, con un retroceso de facturación que superó en ese primer impacto los 23.000 millones de euros. En conjunto, el sector del comercio tuvo una pérdida de facturación de casi 92.000 millones de euros solo en ese 2020.

Récord de quiebras

Como consecuencia de los cierres, España batió en 2022 el anterior registro récord de disoluciones de empresas, correspondiente al crítico 2013, con 26.207 disoluciones, un 10% más. El deterioro para las empresas tuvo dos picos, el primero entre febrero y abril de 2020, en los peores momentos de la pandemia, con más de 90.000 empresas menos registradas en la Seguridad Social.

Tras una aparente recuperación, en los primeros meses de 2021 se dio el segundo gran repunte, con casi 50.000 menos que un año antes. En total, unas 300.000 pymes y autónomos echaron el cierre a lo largo de la pandemia, según los cálculos de las patronales de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) y los autónomos (ATA). Muchos nunca recuperaron la actividad pese al «escudo social».

Casi 600.000 millones de gasto

Por contra, los desembolsos del Estado para afrontar la falta de anticipación y cálculo del Gobierno y las imprecisiones posteriores fueron mastodónticos y con dudoso impacto entre quienes más lo necesitaban. Con el objetivo de ofrecer una red de apoyo a empresas, trabajadores y hogares, el Estado en su conjunto (Administración Central, regiones y Seguridad Social) inflaron el gasto hasta los 590.000 millones.

Las partidas destinadas a asuntos económicos, salud y protección social fueron las que más crecieron, según la estadística Clasificación de las Funciones de las Administraciones Públicas. Solo en 2020, el gasto del sector Administraciones Públicas presentó un crecimiento del 10,3%, 54.119 millones más, con 580.771 millones. En 2021, el crecimiento del gasto del sector Administraciones Públicas fue del 5,3%, 30.699 millones más, con 611.470 millones. En 2022, el aumento fue del 4,3%, 26.361 millones más.

En conjunto, el gasto del sector Administraciones Públicas asignado a «Protección Social» de 2019 a 2023, lo que incluye los costes derivados de las medidas para mitigar la crisis de precios a cuenta de la invasión rusa de Ucrania, presentó un aumento del 27,9%, 60.371 millones más. Pasó de 216.733 millones a 277.104 millones. Este incremento supuso el 39,2% del aumento de todo el gasto público en este periodo.

El gasto consolidado derivado de la pandemia, fue de 43.954 millones en 2020, equivalente al 3,89% del PIB. En el año 2021, este gasto fue de 35.255 millones, equivalente al 3,12% del PIB e inferior en un 19,8% a la del año anterior. Por último, en 2022 el gasto consolidado Covid-19 se situó en 5.214 millones, equivalente al 0,46% del PIB.

Con este ritmo de gasto, la deuda pública pasó de reducirse hasta el 95,5 % del PIB en 2019, debido principalmente al comportamiento expansivo de la economía, a dispararse al techo del primer trimestre de 2021, representando el 124,2% del PIB.

Cinco años después, en términos absolutos la deuda pública marcó un nuevo récord en 2024, al escalar a los 1,622 billones de euros, el 2,9% más, según el Banco de España.

Al crecer la economía más que la deuda –el PIB avanzó un 3,2% en 2024– y aplicarse medidas fiscales, su peso en el conjunto de la economía se redujo al 101,8% del PIB. En los mismos términos, en 2019 la deuda era de 1,188 billones de euros.

El decenio perdido

Sin embargo, la carga del gasto acumulada y la adicional creada al margen de la pandemia por el Gobierno de Sánchez lleva a la Autoridad Fiscal (Airef) a pronosticar que ni siquiera en 2029 se alcanzarán los niveles de deuda de 2019. Cuando hayan transcurrido diez años de la pandemia, la Airef estima en su proyección inercial en el medio plazo una reducción de la ratio de deuda de 7,2 puntos de PIB respecto al nivel de 2023 situándola en el 98% en ese 2029, aún superior al 95,5% de 2019.

De hecho, las previsiones a largo plazo pronostican que España no volverá a las cifras de 2019 y que la ratio de deuda podría retomar incluso una senda ascendente en un escenario a políticas constantes, situándose en el 108,9% del PIB en 2041, según el Observatorio de Deuda de la Airef.

¿Sirvió todo este gasto para algo? Es indudable que todas las medidas, desde los ERTE hasta el Ingreso Mínimo Vital, pasando por las ayudas a las pymes, sacaron del apuro a muchos españoles, pero no de la forma más efectiva.

De hecho, el 31% de este tipo de transferencias monetarias del Estado a los hogares –en el que se incluirían elementos como el bono social, el ingreso mínimo vital, la bajada del IVA de los alimentos, la reducción del precio de la gasolina, el recorte impositivo del recibo de la luz y, sobre todo, las prestaciones públicas, como el paro o las pensiones– se ha concentrado en el 20% de la población con las rentas más altas, el mayor porcentaje de todos los tramos, muy superior al 19% de media registrado en los países de la OCDE, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Hasta el propio Gobierno ha admitido su fracaso a la hora de repartir el IMV, que no ha llegado ni a la mitad de la población que quería cubrir, en concreto al 56% de los potenciales perceptores. Desde junio de 2020, alcanzó a 900.856 hogares y 2.676.673 personas con un importe de 12.130 millones.