La deuda comercial de las pymes se dispara hasta los 178.500 millones en el tercer trimestre, 10.000 millones más que hace un año

La morosidad, junto al aumento de los costes y el encarecimiento de la financiación se posicionan como los principales elementos que detraen recursos de las pymes para la inversión o el aumento de plantilla. Según el Barómetro sobre Morosidad de Cepyme hecho público este lunes, el nivel de deuda comercial de las pymes (coste generado por el plazo en el que tardan en saldarse las facturas y por la morosidad que se produce al sobrepasar los tiempos fijados) aumentó hasta los 178.500 millones de eurosen el tercer trimestre de 2023, casi 10.000 millones más que hace un año (168.300 millones). Ante este incremento, Cepyme ha denunciado que la morosidad tiene un coste extraordinario para las pequeñas y medianas empresas de casi 1.300 millones de euros en un contexto de crecimiento del periodo medio de pago, que ascendió hasta los 82 días en el tercer trimestre.

Tal y como se desprende del Observatorio, el coste financiero, asociado a la deuda comercial, al que tienen que hacer frente las pymes en España, ha ascendido a 2.700 millones en el tercer trimestre de 2023, casi el doble que un año antes. Este esfuerzo es el mayor desde junio de 2009 y se produce pese a la restricción del crédito comercial. Del total, 1.434 millones se explican por el esfuerzo para financiar las ventas que se cobran dentro de los plazos acordados, y los 1.266 millones restantes por el tramo moroso de la deuda comercial, es decir, las ventas que se cobran más allá de los 60 días.

"Esta situación es un termómetro del entorno adverso en el que se desarrolla la actividad de las pymes, que ven lastrada su liquidez por la demora en los cobros, y demanda una pronta adopción de medidas", señala Cepyme. Tras cuatro trimestres consecutivos de caídas interanuales, el periodo medio de pago de las empresas subió en 0,7 días, hasta 82 días, en el tercer trimestre de 2023, frente a los 81,3 días del tercer trimestre de 2022, según el Observatorio de Morosidad de Cepyme. Así, las empresas españolas se vuelve a alejar del plazo máximo legal de pago, establecido en 60 días.

Cepyme señala que conviene mejorar el entorno de pago de las empresas para que evitar que el aumento de la demora en los pagos se perpetúe. No obstante, también explica que la comparativa con el año pasado está sesgada, ya que se produjo un descenso inusual en el tercer trimestre frente a la tendencia habitual al alza en ese periodo del año. Por lo tanto, considera que es prematuro intentar definir si el reciente aumento es el comienzo del fin de la tendencia descendente que viene mostrando el precio medio de pago.

Las grandes empresas tardan más en pagar que las pequeñas

Según el tamaño de la compañía, de julio a septiembre, el periodo medio de pago sólo se redujo en las microempresas frente al mismo periodo de 2022, pasando de 79,1 días a 77,2 días. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas registraron incrementos, aunque moderados (de 80,5 días a 81,9 días y de 83,4 días a 84,3 días, respectivamente). Mientras, las grandes empresas volvieron a anotar el mayor aumento de los periodos medios de pago,demorándose 87 días, 13 días más que en 2022 y el nivel más alto desde junio de 2016. Además, con el del tercer trimestre, acumulan su quinto aumento interanual consecutivo. Así, las grandes empresas pagaron el 5,9% de las facturas más de 30 días después del vencimiento, porcentaje que asciende al 6,3% en las firmas medianas; al 6,8% en las pequeñas; y al 12,4% en las microempresas.

De entre los cuatro grandes sectores económicos (agroalimentario, industria, construcción y servicios), el plazo medio de pago solo se incrementó en la construcción, hasta los 102 días. Eso refuerza la idea de que el incremento interanual registrado no necesariamente supone la ruptura de la tendencia descendente que se venía observando. Sin embargo, en 11 de las 19 actividades analizadas, el periodo aumentó.

Por territorios, la evolución no es homogénea. Aunque en media nacional ha subido, el plazo de pago cae en 11 comunidades autónomas, de modo que la brecha entre las regiones que más tardan en pagar y las que menos se eleva a los 41,3 días, el mayor

diferencial en dos años y medio. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan el periodo medio de pago más dilatado, con 111 días, frente al mínimo de 69 jornadas de Baleares. Por su parte, Galicia es la comunidad con peor evolución: encadena seis trimestres consecutivos de aumentos. Así, con 93,4 días, el plazo medio de pago de las empresas gallegas es el cuarto más prolongado de España justo por detrás de Andalucía (94,5 días) y Murcia (93,8 días).

Las empresas intentan acortar los plazos de pago por la inflación y los mayores tipos de interés, para atenuar el impacto negativo en sus cuentas producido por la pérdida de poder de compra del euro y los mayores costes financieros, pero se topan con dos impedimentos: la desaceleración de la economía y los mismos tipos de interés elevados. Estos factores pueden debilitar la solvencia de las empresas y llevar a echar mano de la contraproducente financiación sin coste derivada de la postergación de los pagos.