El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas, una práctica que supondría una infracción de la ley de los consumidores y que podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros.

El ministerio encabezado por Pablo Bustinduy ha iniciado esta investigación después de tener conocimiento por las autoridades autonómicas y municipales de que un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia.

La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas así, según se informa desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

Con la información que le suministren, los responsables de Consumo quieren determinar la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de numerosos pisos turísticos en diversas comunidades y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales de acuerdo al artículo 47 de la ley de consumidores y usuarios.

Ya con la información que recabe, estudiara la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, una cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El pasado mes de diciembre el Ministerio de Industria y Turismo y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acordaron constituir un grupo de trabajo interministerial para abordar la reordenación del alquiler turístico.

Además, a finales de diciembre Vivienda anunció que está trabajando en la creación de una plataforma única estatal mediante la cual, controlar y combatir el fraude que se produce en el mercado de los pisos turísticos.

El desarrollo de esta plataforma surge en base al Reglamento europeo que regula el fenómeno de los servicios de alquiler de corta duración, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Así, con esta medida, España pasaría a ser uno de los primeros países que conforman la UE en emprender dicho proceso