La Comisión Europea (CE) dijo hoy que investigará las ayudas de Estado de Luxemburgo que habrían beneficiado de forma secreta a centenares de empresas cuando el actual presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, era el primer ministro del Gran Ducado. Apenas cinco días después de asumir la presidencia de la nueva Comisión Europea, Juncker se enfrenta al escándalo de los "LuxLeaks", documentos secretos que revelan que Luxemburgo podría haber vulnerado la normativa comunitaria cuando era el jefe de Gobierno de su país.

El portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, dio este jueves explicaciones en nombre de Juncker, que se eximirá de dirigir las investigaciones y pasará la responsabilidad a la titular de Competencia de la CE, Margarethe Vestager.

"Vestager hará su trabajo, ella es la responsable y nadie le dirá qué hacer o no", señaló el portavoz de CE, que añadió que "nadie debe dudar de la independencia de todos los miembros de la Comisión en las investigaciones".

Schinas restó importancia a los hechos, dijo que el Ejecutivo está "sereno"ante la revelación, y señaló que es algo "inevitable"que los países establezcan esquemas de ayudas de Estado y que el papel de la CE es investigarlas.

Recordó que el anterior titular de Competencia, Joaquín Almunia, ya inició las pesquisas sobre esos esquemas de ayudas al Gobierno de Luxemburgo, así como contra Irlanda y Malta, y reclamó información a Bélgica, Chipre, Holanda y Reino Unido.

"No es nada nuevo", apuntó Schinas.

Los acuerdos secretos fiscales entre Luxemburgo y casi 340 multinacionales, entre ellos Pepsi, IKEA, AIG, Coach o Deutsche Bank, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han recibido el apelativo de los medios de "LuxLeaks".

Según los documentos obtenidos por el ICIJ y publicados hoy en varios medios de comunicación internacionales, los acuerdos secretos entre las multinacionales y Luxemburgo permitieron a las empresas rebajar drásticamente sus impuestos.

En junio pasado, la CE abrió una investigación sobre el régimen fiscal que aplican Irlanda, Holanda y Luxemburgo a Apple, Starbucks y Fiat, respectivamente, para determinar si lo podían considerar como ayudas de Estado ilegales.

Almunia señaló entonces que esa decisión no cuestionaba el sistema general impositivo de estos países, sino las medidas particulares aplicadas a estas empresas respecto al impuesto de sociedad.

"Los alemanes lo tienen para el automóvil, otros para la industria audiovisual, etc, es un área clásica donde los estados intentan sacar ventajas competitivas y la Comisión Europea que es el regulador del mercado interior interviene para asegurarse que esos esquemas no distorsionen la competencia", dijo Schinas a Efe.

La auditora PricewaterhouseCoopers habría ayudado a las multinacionales a obtener al menos 548 decisiones fiscales vigentes en Luxemburgo desde 2002 y 2010 para beneficiarse de "estructuras fiscales complejas diseñadas para crear reducciones drásticas en los impuestos", indica el ICIJ.

En Luxemburgo, su primer ministro, Xavier Bettel, afirmó que las prácticas fiscales del país "respetan las reglas internacionales"y defendió que no se ha hecho "nada erróneo".

Acompañado por el viceprimer ministro y titular de Economía, Étienne Schneider, y por los ministros de Finanzas, Pierre Gramegna, y de Justicia, Félix Brax, Bettel se vio obligado a explicar las prácticas fiscales de su país con las multinacionales, puestas en entredicho de nuevo con esta revelación.

Admitió que este escándalo "no da una buena imagen de Luxemburgo", pero él y sus colaboradores subrayaron que lo que hace el Gran Ducado es legal, mientras que Gramegna aseguró que "es compatible con los estándares comunitarios y con los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".

En Luxemburgo existen la práctica fiscal conocida como "tax ruling"que es legal, confidencial y que permite que las empresas soliciten por adelantado a la administración del país conocer qué tratamiento fiscal se les va a aplicar, obteniendo al mismo tiempo algunas garantías jurídicas.

Los grupos de los liberales (ALDE) y los Verdes europeos han sido los primeros en reclamar a Juncker que clarifique lo ocurrido ante el Parlamento Europeo.

El líder de los socialistas europeos (S&D), Gianni Pittella, por su parte, dijo que el grupo pedirá un debate en el pleno de la Eurocámara sobre evasión fiscal y pidió a la nueva CE que "trabaje duro contra prácticas anticompetitivas".

Juncker fue el candidato del Partido Popular Europeo (PPE), el de mayor representación en la Eurocámara, para presidir la CE en las pasadas elecciones al PE del 25 de mayo.