Encarecimiento de los peajes a la vista: podrían subir un 8,4% en 2023 por la inflación

El Gobierno ya está estudiando las distintas opciones que tiene para fijar la subida que tendrá que aplicar en las tarifas de las autopistas de peaje de cara a 2023, toda vez que los contratos con las empresas concesionarias establecen que el alza tendrá que ser con el IPC, en este caso del 8,4%, según indican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a Europa Press. El departamento que dirige Raquel Sánchez deberá adoptar una decisión en breve teniendo en cuenta que la subida de las tarifas, ligadas a la evolución de la inflación acumulada en los últimos 12 meses hasta el 30 de noviembre, debe aplicarse en el arranque de 2023.

La mayor parte de las autopistas de peaje españolas están gestionadas por empresas privadas con las que el Gobierno tiene un contrato a largo plazo que cumplir y que fija que cada año las tarifas se actualizarán con el dato que marque el IPC a 31 de noviembre de cada ejercicio, ya que, en caso contrario, el mantenimiento de las tarifas causaría un perjuicio económico en estas empresas.

Según han señalado a EFE fuentes ministeriales, se están analizando diferentes alternativas para definir la subida final de los peajes en 2023, contando con “el complicado momento internacional de precios elevados de la energía, que afectan principalmente a la movilidad y la vocación de afrontar la espiral inflacionista”. No obstante, aún no hay nada definido.

El sector, que está a la espera de una respuesta del Gobierno, está abierto a aplicar distintas fórmulas teniendo en cuenta el encarecimiento que la actual escalada inflacionista tendrá en las tarifas. Y es que son conscientes de que aunque un encarecimiento de las tarifas redundará en un incremento de los ingresos futuros, también puede provocar una caída de los tráficos y tiene además un efecto dañino para la economía.

Distintos mecanismos

Según fuentes del sector, el Ministerio tiene principalmente tres opciones para evitar una subida así: alargar el periodo de la concesión, es decir, ampliar el tiempo que una autopista tendrá peajes con esa empresa concesionaria; no subir las tarifas pero compensar a la compañía con el importe equivalente, lo que supondría subvencionar la subida de peajes con cargo al presupuesto público; o diferir el alza en distintos ejercicios, subiendo una parte ahora y otra en los próximos años.

Teniendo en cuenta que, desde la llegada del Gobierno del PSOE en 2018 y posteriormente con el Ejecutivo de coalición con Podemos, las concesiones que iban caducando no se iban renovando, es previsible que la opción de alargar el periodo de concesión quede descartada, por lo que la alternativa pasaría por mezclar las otras dos opciones. Así se está haciendo en algunas otras economías, donde las altas tasas de inflación están obligando a tomar una serie de medidas para evitar que las tarifas se encarezcan de forma ostensible.

El tráfico en las vías de peaje españolas sigue por debajo de los niveles prepandemia y desde el sector lo atribuyen a que la recuperación de la economía española se ha demorado más, al impacto que está teniendo el teletrabajo y el encarecimiento de los carburantes.

Pago por uso

En ese contexto el Gobierno deberá decidir en algún momento si implanta el pago por uso en las vías de alta capacidad teniendo en cuenta que en España, a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de los países europeos, la mayor parte de la red es gratuita.

Aunque tiene que haber voluntad política el sector entiende que al final las necesidades obligarán a optar por este sistema teniendo en cuenta que puede haber un déficit de mantenimiento en carreteras, tanto autonómicas como del Estado, del entorno de los 8.000 millones, y que esta opción supone una fuente de ingresos para el Estado vía impuestos.

Al sector le consta que desde el Gobierno están estudiando las distintas posibilidades pero reconocen que aún son muchas las incógnitas a aclarar y calculan que para hacer realidad la puesta en marcha de peajes se necesitan 2 años ya que requiere cambios legislativos, la instalación de los pórticos, el desarrollo de los sistemas informáticos, etc.

Por ello, y dado que el Gobierno trasladó a Bruselas esta intención, el sector no descarta que se opte inicialmente por una viñeta en 2024, y una vez que se interioriza por parte de los usuarios y se deja todo preparado, se puedan implantar peajes en 2026. Las compañías, a las que les gustaría replicar el modelo de Portugal, ven posible que se pueda discriminar por renta en el pago de las tarifas.